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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Desde ayer a la mañana llegaron a la penitenciaría los aparatos para ejercicios físicos adquiridos para el gimnasio de físico culturismo que se tenía que instalar en el rancho de la cárcel. Los aparatos fueron donados por el Colegio de Abogados, como requisito dispuesto en el penal, señaló Yolanda Paredes, esposa del abogado Cubas (uno de los internos).
Sin embargo, cuando esto tomó estado público rápidamente el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, emitió comunicado en horas de la tarde rechazando las donaciones.
El Ejecutivo argumentó que “en ninguna penitenciaria del país serán aceptadas donaciones o gestiones de internos que no se enmarquen en la formalidad y con total respeto de la institucionalidad”.
“Señalamos que las debidas tramitaciones deben ser realizadas a través de los canales pertinentes ante la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. De igual modo, el Ministerio de Justicia señala que las donaciones depositadas en la administración de la penitenciaría de Ciudad del Este, tras la gestión de uno de los internos (Paraguayo Cubas), han sido devueltas por no contar con la debida tramitación ante las instancias requeridas”, agregó.
“El Misterio de Justicia recuerda que uno de los objetivos de esta administración es garantizar la seguridad de los internos y el personal penitenciario además de establecer los mecanismos adecuados a fin de erradicar los privilegios, paso previo necesario para poder enfrentarse al desafío de la humanización y en vista de establecer las condiciones necesarias para una eficaz reinserción de las personas privadas de libertad”, indicó.
Sin embargo, el Gobierno le había permitido al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão construir un verdadero dúplex en Tacumbú, Asunción.
Posteriormente fue demolido y Jarvis fue trasladado a la Agrupación Especializada.
Cubas, el abogado Jorge Brítez y el concejal municipal Celso “Kelembu” Miranda, el 15 de setiembre pintaron grafitis en las paredes del Ministerio Público en contra de los fiscales Cinthia Leiva y Alfredo Ramos, a quienes trataron de “bandida” y “ladrón” por no investigar hechos de corrupción denunciados contra la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR) y su marido Javier Zacarías Irún.