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Marcelo Scappini, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó ayer que están “absolutamente en desacuerdo” con el informe del Comité y sostiene que el caso Rodrigo Quintana fue un exceso en el uso de la fuerza.
Explicó que hablar de ejecución extrajudicial supone que hay una sistematización de parte del Estado para terminar con la vida de las personas “y tal cosa no ocurre en nuestro país”, aseguró el funcionario.
Insistió en que la muerte de Quintana no puede encuadrarse bajo ningún caso en una “ejecución extrajudicial” y aclaró que el caso está siendo investigado en el ámbito judicial.
Remarcó que se puede cuestionar la celeridad del proceso o algunas cuestiones formales, pero lo que no se puede negar es que el caso está siendo investigado.
El funcionario indicó que llegado el momento el Gobierno hará el descargo correspondiente. Incluso señaló que existen otros aspectos del informe, en lo relativo al caso Curuguaty o a la muerte en las cárceles, con los cuales el Gobierno no está conforme. “Creemos que algunos datos están equivocados”, insistió.
Aclaró que lo publicado por el Comité la semana pasada es un avance del documento final que estará listo a finales de mes.
Recordó también que el informe que se presenta al Comité es un trabajo interinstitucional que afecta a todos los poderes del Estado. “Este es un informe que coordinó la Cancillería, pero están involucrados todos los poderes del Estado. Cada uno hace su aporte desde su ámbito de competencia”, dijo.