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El procurador general de la República, Roberto Moreno, confirmó que el Gobierno contrató abogados en los Estados Unidos de América para resguardar la emisión de bonos que hizo el país en el mercado internacional. Aseguró que “existía un riesgo real” y que por eso inmediatamente se buscó a los mejores estudios jurídicos para poder hacer un seguimiento y evitar que los fondos sean inmovilizados.
Moreno explicó que a finales de 2014 y principios de 2015 el Meinl Bank de Austria remitió notas al Ministerio de Hacienda donde se indicaba que en el marco del juicio internacional por el caso Gustavo Gramont Berres y un grupo de 10 bancos, que data de 1986. La información que se tiene es que Paribás podría accionar contra el Estado para cobrar unos US$ 25 millones de una deuda total de US$ 95 millones. “Cuando el Ministerio de Hacienda recibe esa nota empezamos a movernos para poder asegurar que el país no sea afectado. Ahí buscamos al mejor estudio jurídico”, indicó.
En los primeros meses del año, el Paraguay debía cumplir con el pago de los intereses correspondientes a la emisión de bonos soberanos, emitidos en el mercado de valores de Nueva York, en el mes de febrero de 2015. Con la nota remitida por el Meinl, esos pagos podrían ser afectados e incluso inmovilizados. “Para nosotros claramente existía un riesgo”, remarcó Moreno.
Ante es situación el Gobierno contrató al estudio jurídico Arnold & Porter LLP que –además de ser uno de más reconocidos en temas de litigio internacional– tenía en sus filas a Paolo Di Rosa, un ciudadano paraguayo graduado con honores en la Universidad de Harvard y que además es especialista en arbitraje internacional y asuntos jurídicos para Latinoamérica. “Es un compatriota que tiene vasta experiencia en servicios jurídicos para entidades gubernamentales y cuestiones de derecho internacional público, incluyendo inmunidad soberana y ejecución de laudos arbitrales”, sostuvo Moreno.
A partir de este acuerdo con el estudio jurídico se empezó a revisar todo el caso y se preparó un dictamen donde se analizan las diferentes variables ante una situación de eventual demanda que implique afectar a los bonos soberanos. Explicó que después de contratado este estudio el país está en mejores condiciones para hacer frente a situaciones jurídicas que podrían afectar los bonos. “Hoy estamos preparados para una eventual situación, sabemos cómo se podrá actuar y qué caminos tomar”, insistió.
Si bien el trabajo del estudio concluyó, Moreno indicó que igual se sigue haciendo un monitoreo porque el caso Gramont todavía no está finiquitado.
Decreto de autorización
Ahora, mediante el Decreto 4587 el Ejecutivo autorizó al procurador a firmar el contrato con los abogados norteamericanos y a Hacienda a proceder al pago de los honorarios. Todavía no está definido el costo final porque el cálculo se hace sobre la base de horas trabajadas; pero se estima que podría estar cerca de los 300.000 dólares.
En mencionado decreto también autoriza al procurador a la contratación directa del estudio jurídico por causas de seguridad, sin hacer una licitación como usualmente sucede en las contrataciones públicas.