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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El gobernador Justo Zacarías es jefe de campaña en Alto Paraná y candidato N° 1 a Diputados por el movimiento Honor Colorado. Su esposa, Rocío Abed, es secretaria de Acción Social e Igualdad de Oportunidades de la Gobernación y, a la vez, es candidata suplente N° 1 en la lista de Diputados por el mismo movimiento. El hermano menor de Justo, Javier Zacarías Irún, asesor político del Presidente de la República, es candidato a senador N° 2 por el oficialismo, por debajo de Horacio Cartes.
Así como Justo Zacarías y su actual esposa ya ocupan un cargo público pretendiendo otro, el hijo del gobernador con su primera esposa Alejandro Zacarías McLeod es concejal de Ciudad del Este. Mientras su cuñada y esposa de Javier Zacarías, Sandra McLeod de Zacarías, es intendenta de la capital departamental.
La familia Zacarías-McLeod, de hecho, gobierna la Municipalidad esteña desde hace más de 15 años, existiendo todo tipo de denuncias de supuestos hechos de corrupción que no son investigados por las influencias que Javier Zacarías tiene sobre jueces y fiscales, a lo que se suma el apoyo de otras instituciones contraloras del Estado a partir de la “bendición” de Cartes al “clan”, como se lo conoce en el este del país.
En Itaipú
Nacido el 3 de enero de 1964, recibido de ingeniero en Brasil, Justo Aricio Zacarías fue director de coordinación ejecutivo y director administrativo de Itaipú Binacional, entidad donde este mes se confirmó que fue contratada su hija, Natasha Zacarías McLeod, veterinaria de profesión, para cumplir la función de “asesora” del director general de la hidroeléctrica, James Spalding.
Justo Zacarías dejó la binacional para ser diputado por Alto Paraná en el periodo 2008-2013, este último año, en que llegó a la gobernación de Alto Paraná. La foja del jefe departamental, sin embargo, tiene numerosos cuestionamientos a su gestión. Por ejemplo, en el 2015 se pagaron G. 13 millones por precarios gallineros, considerados “de oro”, que pudieron costar solo G. 1.500.000, según las denuncias.
De ese mismo periodo administrativo la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental habló de sobrefacturaciones en el 90% de las obras ejecutadas, mal uso de viáticos, combustibles y fondos para repuestos y reparación de maquinarias.
Así también, estudiantes y docentes llegaron a calificar de “galletitas rompedientes”, “incomibles”, a las que se llevaron a las escuelas como merienda escolar entre el 2014 y el 2015. La distribución de las galletitas este año está nuevamente a cargo de las empresas Ecoservice Group SA, de Luis Miguel Martínez, y Dijkstra SA, de Marcelo Quevedo. A cada una de ellas la gobernación les adjudicó un contrato plurianual de G. 5.133 millones, incluso cuando ambas firmas fueron investigadas por Contrataciones Públicas por supuestas irregularidades en la concesión del servicio en el año 2016.
Otro punto de relevancia es que en los últimos meses permanentemente Justo Zacarías afirma en sus discursos que el proyecto “Aulas de madera cero” llegó al 100% en Alto Paraná, pero todavía quedan en el departamento varias instituciones de este material precario, como la escuela básica N° 5799 “Manuel Conchita”, del distrito de Yguazú.
Millonario despojo
Como gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías es miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Según una investigación de ABC Color, el jefe departamental, ejerciendo su rol en la citada comisión, aprobó el pliego de bases y condiciones que permitiría a un grupo empresarial amigo de su hermano Javier Zacarías la construcción de un hotel casino privado en las tierras que tiene Puertos frente al Puente de la Amistad. Se trata del inmueble estatal más valioso en Ciudad del Este y, además, la concesión sería ilegal porque allí se encuentra la zona primaria, con las oficinas de la Aduana y otras instituciones públicas.
Igualmente, en la posición de miembro de Conajzar, Justo Zacarías podría beneficiar a las empresas LAGG Paraguay SA y Juegos Deportivos del Paraguay SA, propiedad del mismo grupo empresarial, que compró el pliego de bases y condiciones con intención de participar en el llamado a licitación que se realiza actualmente para la concesión de apuestas deportivas en el país.