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García es contralor desde noviembre de 2016 y recibe un sueldo de 22 millones. Llegó al cargo en el periodo legislativo pasado gracias a un acuerdo entre los diputados cartistas, dos votos de Avanza País y un voto del PEN. Previamente fue procurador general desde setiembre de 2008 hasta junio de 2012. Fue además presidente del CISNI (Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad); se dedicó a la actividad privada y llegó a ser director jurídico de la Municipalidad de Asunción en 2016, hasta que fue nombrado contralor general por el periodo 2016-2018.
Según la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entre 2012 y 2017 realizó millonarios depósitos en entidades financieras del país, de los cuales no puede justificar aproximadamente G. 3.000 millones.
En su defensa, García sostuvo a ABC Cardinal que G. 3.000 millones desde 2012 hasta 2017 dan aproximadamente G. 20 millones al mes, por lo cual consideró que no se trata de una cifra apta para la publicación con “letras catástrofes” con respecto a las investigaciones en su contra.
Sin embargo, solo en agosto de 2017, nueve meses después de asumir como contralor general, García depositó en su cuenta G. 320 millones en efectivo que no quiso justificar ante su banco.
Juicio político
Paralelamente García ya fue imputado por el caso Ivesur, en que siendo abogado de la Comuna de Asunción dejó que corra una demanda por más de US$ 3 millones contra el municipio. Cuando saltó el escándalo se presentó una apelación extemporánea falsificada. La imputación fue anulada porque tiene inmunidad y solo puede ser procesado si es destituido por juicio político.
Diputados aprobaron su juicio político y tras idas y venidas designaron como fiscales acusadores a los legisladores Ramón Romero Roa (ANR, samanieguista), Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) y Hernán David Rivas (ANR, cartista).
Sin embargo, el juicio político se encuentra cajoneado en la Cámara de Senadores, donde no se tienen los 30 votos necesarios para destituirlo.
Uno de sus principales operadores es el senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), quien tiene a numerosos parientes empleados en la Contraloría.
Es inmune a los procesos
Aunque la Fiscalía impute al contralor García por enriquecimiento ilícito, el funcionario no puede ser procesado porque tiene las mismas inmunidades que un presidente de la República o un ministro de la Corte. La Justicia solo lo puede procesar si es sometido a Juicio Político. En ese contexto la Corte ya anuló la imputación en su contra por el caso Ivesur. La Fiscalía también lo blanqueó por el pago de una consultora que elaboró un manual ya existente. La firma estaba vinculada a su propia jefa de gabinete. En el escándalo de los Audios filtrados, el exsenador Adolfo Ferreiro habría también operado para que García no sea imputado.