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La causa está a cargo del juez Rubén Riquelme, quien en una audiencia preliminar tiene que resolver si envía o no a juicio oral a los acusados, entre ellos Alberto Jara, administrador de San Agustín y hombre de confianza de Oviedo Matto.
El magistrado, según fuentes, estaría siendo presionado por parlamentarios, para que en la audiencia preliminar desvincule a Jara.
En este caso, el juez y los camaristas rechazaron la nulidad de la imputación del hoy acusado Luis Ortigoza, expresidente del Indert y de otros encausados.
Jara cobró G. 47.000 millones de los G. 60.000 millones que el Indert se comprometió a pagar.
Para tratar de blanquear el caso, con acuerdo del Ejecutivo, el titular del Indert, Justo Cárdenas, aceptó una donación de G. 12.000 millones, que Oviedo Matto renunció a cobrar al Indert.
Sin embargo, este acuerdo hasta ahora no fue aprobado por la fiscalía ni por el juez que tiene la causa.
La operación de compraventa, que causó un millonario perjuicio al Estado, se concretó gracias a una alianza del Partido Liberal con el Unace, antes de las elecciones generales pasadas. El feroz negociado lo denunció el entonces candidato a presidente Horacio Cartes. Todo ya hubiera quedado en el oparei si cedían la fiscalía y la justicia.