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La decisión del Ministerio Público fue tomada ayer a la mañana, luego de una reunión que se realizó en la sede central del Ministerio Público entre el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza; los fiscales de la causa Aldo Cantero y Luis Piñánez, además de la directora de Delitos Económicos, Patricia Doria.
Tras la reunión se informó oficialmente que se descarta toda posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelaciones, que anuló la elevación del caso del juicio oral y público por error de forma del juez Julián López.
Ante esta situación esperarán que el caso llegue al juez que sigue en el turno que es Delmás.
Luego aguardarán que el magistrado convoque a una nueva audiencia preliminar para los acusados Víctor Bogado, la “niñera de oro” Gabriel Quintana y el exdirector de Gabinete Miguel Pérez, quienes afrontan los cargos de cobro indebido de honorarios y estafa.
“Vamos a ratificarnos en nuestra acusación durante el desarrollo de la nueva audiencia preliminar. Esperamos que el Juzgado Penal de Garantías de Turno fije la fecha, a los efectos de que el Ministerio Público defienda su acusación que ya fue formulada en su momento a través del escrito de acusación”, señaló el fiscal adjunto.
Añadió: “La idea es que esta audiencia se realice de la manera más rápida posible, sin entrar a analizar la legalidad o no de la resolución emanada de la Cámara de Apelaciones”.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión interna, los fiscales evitaron entrar en polémica con la Cámara de Apelaciones y la misma Corte.
Resaltaron que el fallo en ningún momento cuestionó la acusación fiscal, por lo que se sienten seguros de que el próximo magistrado elevará el caso a juicio oral.
Fuentes de la fiscalía señalaron que durante la reunión se analizó la posibilidad de recurrir a la Corte, pero que se descartó porque sería caer en una trampa.
Recurrir a una sala constitucional que no está integrada (solo están Antonio Fretes y Gladys Bareiro, por la renuncia de Víctor Núñez) podría llevar otros dos años de proceso, se dijo.
Además, la misma defensa aprovecharía esta situación para trabar el desarrollo de una nueva audiencia preliminar.
Momento oportuno
Los camaristas Emiliano Rolón, Mirtha González y Carlos Ortiz alegaron que el juez penal de garantías Julián López dispuso la elevación de la causa a juicio oral luego de 5 días de haber culminado la diligencia, cuando que debió hacerlo inmediatamente.
Llamativamente, Rolón se embanderó con esta resolución, en el momento en que pugna ante el Senado y el Poder Ejecutivo por un lugar en la Corte.