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“La abogada Noyme Yore Ismael habría ejercido ilegítimamente funciones correspondientes a un cargo distinto al que ocupa, atribuyéndose arbitrariamente competencias ajenas a sus funciones como defensora general, teniendo conocimiento de las normas jurídicas que regulan las limitaciones en el uso de sus atribuciones”, dice la imputación de los fiscales.
El escrito se refirió así a determinaciones que tomó la defensora general al nombrar a tres abogados como defensores públicos que posteriormente actuaron en procesos penales en distintos juzgados de la República.
Los fiscales revelaron que el 30 de agosto del año 2013 Noyme Yore designó defensor público interino de Vallemí al abogado particular Sindulfo Aquino Alegre, en reemplazo de Nilsa Ávalos, quien en esa fecha estaba comisionada en Asunción.
El 7 de mayo de 2014, la defensora general nombró defensor público al abogado particular Cristhian David Figueroa, mientras que el 27 de mayo de 2014 designó defensor público al también jurista particular Lorenzo Ramón Vera Gamarra.
Los nombramientos realizados por la abogada Noyme Yore fueron ilegales y forman parte de actos ilegales que se enmarcan dentro de la usurpación de funciones públicas, indicaron los fiscales.
Advirtieron que los citados profesionales igualmente se arrogaron funciones públicas, porque actuaron en procesos penales que se tramitaron en juzgados de la República.
La fiscala Aghemo y el fiscal Dos Santos además imputaron por el delito de usurpación de funciones a los abogados Alegre, Figueroa y Gamarra.
Según informes oficiales, registros y estadísticas del Poder Judicial, los defensores nombrados por la titular de la Defensa Pública actuaron como defensores públicos en forma ilegal.
Al enfatizar que “la atribución de designar defensores públicos lo tiene la Corte Suprema de Justicia”, los agentes fiscales recordaron que todo defensor público debe ser electo de una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, situación que no se tuvo en cuenta en los nombramientos de los citados profesionales.
“El cuerpo de Defensores Públicos está conformado por los abogados designados para dicho cargo por la Corte Suprema de Justicia, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura”, remarca la imputación.
Agrega que “surgen suficientes elementos de sospecha que hacen suponer que la actual defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, abogada Noyme Yore Ismael, se habría arrogado atribuciones y competencias exclusivas y excluyentes del órgano encargado de la designación de defensores públicos, como lo es la Corte Suprema de Justicia”.