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En marzo pasado, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, abrió la investigación a Wapenka por cobro irregular de viáticos. Para el caso, fueron designados los fiscales Cabrea y Galeano.
La apertura de las averiguaciones se basó en publicaciones periodísticas, en las que se denunciaron que el miembro del TSJE percibió viáticos por participar en reuniones de trabajo en Itapúa. Sin embargo, se corroboró que la magistrada estaba en el extranjero.
En abril, se amplió la investigación penal a Wapenka, quien supuestamente pagaba con dinero público a Ilda Bordón y Ursulina Vera Ocampos, quienes eran su empleada doméstica. Ambas figuraban como funcionarias de la Justicia Electoral.
En junio pasado, los agentes del Ministerio Público solicitaron a la Contraloría la declaración jurada de Wapenka, Bestard y Ramírez Zambonini, quien también fueron incluidos en la averiguación.
Hace unas semanas, los propios investigados presentaron notas a la fiscalía en donde informaron que devolvieron los viáticos que cobraron al margen de las disposiciones legales.
Bestard y Ramírez Zambonini comunicaron que devolvieron G. 40 millones cada uno a la Justicia Electoral. Wapenka informó que retornó G. 50 millones.
En ninguna parte del escrito presentado ante los fiscales Silvia Cabrera y Hernán Galeano, los miembros del TSJE admitieron la comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios. Se limitaron a decir que devolvieron los viáticos que percibieron de enero a diciembre de 2015.
Sin embargo, con el referido escrito, lo que hicieron fue autoinculparse en la comisión del referido hecho punible. Pero pese a ello, hasta ahora el Ministerio Público no presentó imputación contra los magistrados.
Se habla de una fuerte injerencia política para evitar el procesamiento de los tres miembros del TSJE.
Las presiones serían sobre el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que de hecho tiene que dar el visto bueno para que la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de Espinoza, presente la imputación.
Alegan complejidad
La fiscala Silvia Cabrera, quien junto a su colega Hernán Galeano, investiga el cobro irregular de viáticos en la Justicia Electoral, alegó la complejidad del caso para justificar la falta de imputación. En la causa, además de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, son indagados 40 funcionarios.
“Es una causa muy compleja, son muchos funcionarios investigados no solo los ministros Bestard, Wapenka y Ramírez Zambonini. También está siendo indagada la conducta de otros funcionarios de TSJE, durante el 2015”, había señalado Cabrera ante las constantes críticas por la llamativa complacencia de la Fiscalía con los sospechosos.
“Estamos cruzando datos y diariamente realizamos diligencias a los efectos de obtener elementos que nos permitan sospechar de la existencia de los hechos punibles”, indicó.
Imputación a Ramírez
Ramírez Zambonini ya había sido imputado por inducir a sus subordinados al cobro indebido de honorarios. Las personas cercanas al miembro del TSJE cobraban sueldo sin trabajar.
En este caso, las fiscales Yolanda Portillo y Nadine Portillo, en mayo pasado, habían solicitado y obtenido prórroga para seguir indagaron a Ramírez. Se está cumpliendo el plazo y tienen que definir si acusan o no.
Además de Ramírez Zambonini están imputados por cobro indebido de honorarios Manuel Radice, su esposa Clara Haydée Silveira; la hermana de esta, Gloria María Silveira, y su madre Ana Carolina Arza. También los hermanos del senador Marito Abdo Benítez, Mayra Abdo Benítez y Luis María López Benítez; Modesto Núñez, Víctor Báez, María Isabel Quintana, Christian Bogado y otros.
Delitos contra el patrimonio
Además de la investigación del hecho punible de cobro indebido de honorarios, el Ministerio Público investiga la comisión de delitos contra el patrimonio, que podría ser lesión de confianza, según fuentes. Es por ello que la investigación de los fiscales Silvia Cabrera y Hernán Galeano aún no llega a la etapa de la imputación.
Hace rato se había solicitado que se indague a los miembros del TSJE por lesión de confianza, ya que los mismos no habrían cumplido con la obligación de velar por el patrimonio de la Justicia Electoral.
Al pago a planilleros, se suma ahora el cobro ilegal de viáticos, que incluso salpica a los tres miembros del TSJE.