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La fiscala Teresa Sosa imputó a 25 personas, de las cuales tres son funcionarios y 22 estudiantes (activos y egresados), en la causa caratulada “Víctor David Oviedo Arce y otros s/ producción de documentos no auténticos y otros”, referente a las modificaciones intencionales e ilegales de 188 actas (detectadas hasta el momento) de calificaciones de materias correspondientes a la carrera de Derecho de la Universidad Católica (UC), regional Asunción.
En su escrito al juez penal de garantías la agente fiscal solicitó que se apliquen medidas cautelares para evitar la fuga u obstrucción a la investigación por parte de los imputados, cuya nómina aparece publicada en esta página.
Medidas solicitadas
Las medidas cautelares como alternativas a la prisión preventiva solicitada por Sosa Laconich son: la prohibición de salida del país; fijación de domicilio y en caso de traslado comunicar al juzgado interviniente y a la fiscalía; obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado; y/o la prestación de una caución real (sobre bienes) o personal (fianza en efectivo) adecuada.
Los funcionarios imputados fueron identificados por los estudiantes como los oferentes de la acción de cambiar las calificaciones de las actas a cambio de dinero. El monto oscilaba entre G. 800.000 y G. 2.000.000.
Los estudiantes imputados fueron beneficiados con las calificaciones adulteradas. Obtuvieron notas incluso en aquellas materias en las cuales no se presentaron a rendir: tenían ausente en el acta oficial pero luego aparecen con notas altas (5 incluso) en las actas adulteradas.
El caso récord
Entre los alumnos que han sido beneficiados con el cambio de calificaciones figura el expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho UC, Leonard Chung Wang, más conocido como “Leo”. Aparece en 39 actas adulteradas. En las actas originales tenía “ausente” en casi todas las materias, pero en las actas adulteradas aparece con calificación “5” en su mayoría.
La investigación continúa en la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, a cargo de tres fiscales y una comisión interventora.