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La fiscala concedió una entrevista ayer a la tarde al programa Periodísticamente de ABC Cardinal.
Tras sus declaraciones, los oyentes la criticaron duramente al señalar que parecía más una defensora que la encargada de esclarecer lo que realmente ocurrió.
El hecho tiene que ver con el atraco al PLRA, en el cual falleció Rodrigo Quintana. Fue el desenlace de una descabellada idea de reelección presidencial por parte de los cartistas apoyados por luguistas, llanistas y oviedistas.
Hasta ahora no se pudo establecer quién fue el que dio la orden para irrumpir en el PLRA y ocasionar una muerte con esa acción.
En este caso solo está imputado y preso el suboficial ayudante Gustavo Florentín, a casi seis meses del hecho.
La propia investigadora admitió ayer que le importa más no caer “en el morbo” y que por ello no pide los registros telefónicos de Cartes y su entorno con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, durante el 31 de marzo y 1 de abril.
Fernández rechazó a los familiares de Quintana solicitar los registros de 21 teléfonos celulares que pertenecen a Cartes, los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, además del exministro del Interior Tadeo Rojas; del actual ministro, Lorenzo Lezcano; y de los allegados al Presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas y Arnaldo Franco, secretario privado de la Presidencia.
Todos se comunicaron con Sotelo durante los disturbios ocurridos tras el fallido intento de enmienda por la reelección presidencial.
Ortiz lo hizo en 16 ocasiones y Canillas en 24, y ambos estuvieron en Mburuvicha Róga. Cartes, por su parte, habló menos veces siendo el presidente (10).
La fiscala Fernández dijo que los registros de los teléfonos no son conducentes porque no van a revelar las comunicaciones ni aportar como elemento objetivo ni subjetivo en el tipo penal indagado, que es homicidio. “Considero que tener los extractos no hacen a ninguna prueba, sobre todo si es porque se comunicaron simplemente con el comandante y sobre todo porque no voy a tener el contenido de la comunicación”, refirió.
“No es buscar dar el gusto”
“Es mi criterio jurídico no solicitar diligencias que no hacen al punto de la investigación, sinceramente para darles satisfacción a las personas. Mi trabajo no es darles el gusto a las personas y mucho menos buscar en el morbo de lo que son las llamadas entrantes y salientes que pudieran tener las diferentes personas”, dijo Raquel Fernández. Consultada sobre si le preocupan las llamadas que puedan saltar, dijo: “A mí no me preocupa nada, absolutamente nada. Yo no me voy a someter cuando que yo tengo un criterio jurídico que defiendo y fundamento. No todo lo que las partes piden constituyen un indicio, ni todos los indicios reunidos van a constituir una prueba”.