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Mediante la resolución administrativa número 2 del 7 de mayo del 215, Alcaraz archivó la denuncia que presentó Norma Irene Ferreira Barijho. La misma refirió que en la Defensoría del Pueblo se otorgaron indemnizaciones a supuestas víctimas e hijos de presuntas víctimas de la dictadura de Stroessner, a sabiendas de que los expedientes contenían documentos adulterados y testigos falsos.
Uno de los principales sospechosos era el exdefensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, quien pese a los dictámenes desfavorables de la Subdirección de Revisión de Documentos dispuso el pago de indemnizaciones.
El archivamiento de la denuncia dispuesto por la fiscala Alcaraz habría permitido la prescripción de 22 de los 26 casos denunciados.
Con la resolución administrativa de archivar el caso, la fiscala evitó la intervención del Poder Judicial y permitió que transcurra el tiempo, para que la causa pueda prescribir.
La agente tampoco realizó diligencias jurisdiccionales como allanamientos o tomó declaraciones indagatorias, para interrumpir el plazo de la prescripción, según indicaron fuentes de la Defensoría del Pueblo que criticaron la actuación de Alcaraz en la causa.
“En conclusión, se puede afirmar que el resultado del perjuicio patrimonial no existió, en razón de que el Defensor del Pueblo no causó un déficit en el patrimonio del Estado. Como representante del Estado y la obligación de indemnizar a las víctimas e hijos de víctimas, cumplió un deber que es el de cancelar esta obligación, que es la contraprestación compensada de valor equivalente. Es decir, el Defensor del Pueblo disminuyó el pasivo al que estaba obligado, por lo tanto no se puede hablar de perjuicio patrimonial”, argumentó la fiscala al descartar el hecho punible de lesión de confianza atribuido a Manuel Páez Monges.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público no tuvo en cuenta que el defensor del Pueblo no puede indemnizar con base en documentos y testigos falsos, así como se refirió en la grave denuncia que se presentó.
En cuanto al uso del documento no auténtico, que quedó probado, la fiscala señaló que las personas involucradas, o sea las supuestas víctimas que fueron indemnizadas irregularmente, no tuvieron conocimiento de que los documentos fueran auténticos, que obtuvieron en el Museo del Terror. Agrega que no hubo dolo.
Es muy difícil de creer que los beneficiarios de los millonarios pagos no hayan tenido conocimiento de la comisión del ilícito, dijeron en la Defensoría del Pueblo.
Los beneficiados con los pagos ilegales dijeron casi todos que fueron llamados para ser avisados de que sus documentos aparecieron en el Archivo del Terror y que tenían que iniciar los trámites para el cobro de la indemnización. Otro hecho muy poco creíble.