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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El proceso contra Cubas, Brítez y Miranda es por daño a cosas de interés común y violación de la Ley de Garantías de Fueros, disposición que data de los 50 y que, para muchos juristas, está perimida. Chaparro presentó ayer a la mañana el requerimiento conclusivo del caso ante el juez de Garantías Carlos Vera.
En el escrito, la fiscala acusa a Cubas de daño a cosas de interés común en calidad de autor y de violación de la Ley de Garantías de Fueros, también como autor. A Brítez lo acusa por los mismos delitos, pero como coautor, y a Kelembu Miranda por instigador en el delito de daño a cosas de interés común y por coautor de la violación de la Ley de Garantías de Fueros.
La fiscala requiere al juez de Garantías que eleve la causa a juicio oral. Paralelo al proceso, la abogada de Cubas, Yolanda Paredes, explicó que está pendiente una acción de inconstitucionalidad que habían planteado contra la figura de la violación de la Ley de Fueros, que aún debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Para muchos juristas, integrantes del Colegio de Abogados del Alto Paraná y otros gremios locales y nacionales, la aplicación de la Ley 323 de Fueros, que incluso establece pena de muerte a quien faltare el respeto a una autoridad, es inconstitucional. Data de 1955 y consideran que fue derogada.
En octubre de 2016, el abogado y docente José Casañas Levi indicó en su dictamen que “la Ley 323/55 fue incorporada al Código Penal sancionado en el año 1914, y por tanto pasó a formar parte de ese cuerpo legal. Luego, este código fue derogado por la Ley 1.160/97 (Art. 323) y en consecuencia, las disposiciones de la Ley de Garantías de Fueros quedaron sin efecto”.
La jueza de Garantías Alba Meza había rechazado la imputación por violar esta ley, pero en la Cámara de Apelaciones dieron la razón a la Fiscalía. El proceso que se le sigue a Cubas, Brítez y Miranda comenzó el 15 de setiembre de 2016, día en que pintaron las paredes del Ministerio Público grafitis, llamando “bandida” y “ladrón” a los fiscales Cinthia Leiva y Alfredo Ramos Manzur por no investigar los hechos de corrupción denunciados contra la intendenta local, Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista) y su marido Javier Zacarías (ANR), quienes juntos gobiernan la Municipalidad hace más de 15 años.