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Quintana, fiscal interino de Blanca Agüero, dispuso como primera diligencia solicitar un “consultor auditor” al Laboratorio Forense del Ministerio Público para el análisis de las documentaciones que incautó su colega de la Municipalidad de Lambaré, y que tienen que ver con la adjudicación de la merienda escolar de 16 colegios con fondos del Fonacide.
Quintana tampoco descartó “colaboración” de técnicos para saber qué otros documentos buscar, según indicó. Llamativamente, este es el mismo criterio del diputado colorado Hugo Velázquez, quien habría presionado a Agüero para que no impute por segunda vez a Cárdenas.
El parlamentario se despachó contra la fiscala Agüero y dijo que “lo primero que debió pedir era la pericia y el informe de la Contraloría, y no hacer lo que hizo” (imputar y solicitar prisión preventiva).
La solicitud de un perito por parte de Quintana no llamaría la atención si la práctica fuera común. Sin embargo, son los propios fiscales o en su defecto sus asistentes los que analizan documentos donde se debe sumar y restar.
Las pericias contables y balances en casi todos los casos se realizan después de la imputación, antes de la acusación e inclusive en algunos casos en los propios juicios orales.
El fiscal envió al freezer el escrito de imputación de su colega Agüero, liberó a Cárdenas y no lo imputa por “no encontrar aún elementos”.
A esto se suma una anterior maniobra que comenzó con la jueza penal de garantías de San Lorenzo, María Elena Cañete, que se negó a recibir la imputación de Agüero, lo que dio tiempo a la defensa para recusarla.
El proceso que se intentó abrir es por la cuestionada adjudicación de la merienda escolar a la empresa “La Bandeja”, sin licitación. El abogado Óscar Latorre, defensor de Cárdenas, adelantó que impugnará ante la Sala Penal de la Corte la confirmación de la fiscala Blanca Agüero por parte de la Fiscalía General.