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El fiscal delegado de la Unidad de Delitos Económicos, como interino de sus colegas Aldo Cantero y Claudia Criscioni, acusó a siete personas, entre ellos el diputado liberal Milciades Duré, el extitular del Indert Luis Ortigoza y Arnaldo Jara, exadministrador de la firma San Agustín, ligada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, y pidió la elevación a juicio oral.
La conducta procesal de los implicados –aclaró Fernández– no varió tras el acuerdo al que arribaron la firma San Agustín y el Indert, por lo que el daño patrimonial persiste.
El agente, sin embargo, aclaró que desconocen los alcances del planteamiento e indicó que se debe analizar la situación durante la audiencia preliminar, que aún no fue fijada porque la Corte no destraba el proceso penal.
“Está claro que la decisión que toma Indert para la Fiscalía no es vinculante. Distinto es si fuese en una audiencia de conciliación; esto es fuera del proceso penal, después de ocurrir los hechos y de la presentación de acusación”, sentenció.
Un punto llamativo para el fiscal es el hecho de la “renuncia” de un beneficio. “Si vamos al caso, nadie regala lo que le corresponde y si lo hiciste es porque no era muy claro el asunto”, fue tajante respecto a la “determinación” de San Agustín.
Acto seguido, recordó las tres aristas de la acusación por lesión de confianza:
En primer lugar, indicó que las casi 6.000 hectáreas de tierras no cumplen con los requisitos de la reforma agraria. “Algunas partes son fértiles, pero el paquete completo no ameritaba la forma de la reforma agraria”, dijo.
Además, refirió que el precio de la venta debió haberse realizado de conformidad a la Ley 622/60, con avaluación de los últimos 15 años, debido a que la propiedad fue declarada “colonización de hecho”; pero –inexplicablemente– Luis Ortigoza, en vez de preservar el patrimonio del Indert, levantó la declaración para que la vendedora fije el precio del mercado actual.
Finalmente, indicó que la avaluación realizada fue cambiada burdamente, ya que bajo las mismas constataciones físicas la hectárea pasó de G. 5 millones a valer G. 15 millones, por lo que hubo sobrevaluación.