Cargando...
El agente de la Unidad de Delitos Económicos dijo ayer que se encuentra analizando toda la documentación anexada por los denunciantes, los diputados patriaqueridistas Sebastián Acha y Carlos Soler, quienes denunciaron una presunta lesión de confianza.
El investigador señala que en el dictamen de la directora de la unidad, Patricia Doria, se refiere que los hechos nunca fueron indagados y que corresponde la pesquisa abierta. Su designación se dio después de casi un año de la presentación de Acha y Soler, el 22 de diciembre del año pasado.
“Estamos en el plan de diseñar las actuaciones, ver a dónde dirigir la investigación”, expresó Fernández.
El agente también cuenta con varios escritos de los abogados defensores, José Casañas Levi y Álvaro Arias, quienes aducen que las desalinizadoras ya fueron investigadas por el exfiscal Arnaldo Giuzzio y el juez Pedro Mayor Martínez sobreseyó –de forma oral– a Soares por esos puntos, por lo que ya precluyó, dicen.
Sin embargo, es sabido que el mismo magistrado fue inducido a cometer ese error y revió su postura en el fallo escrito.
Soares está en la mira por la construcción de las desalinizadoras en Villa Choferes del Chaco y Tte. Irala Fernández, entre los años 2009 y 2011.
De acuerdo con estimaciones de la propia SEN, estas dos obras tuvieron un costo por encima de los G. 15.000 millones (US$ 3 millones).
Según la denuncia, la Contraloría General de la República detectó que en la construcción de ambas plantas desalinizadoras existe al menos un sobrecosto de 224 millones de guaraníes.
Justamente, el informe final de la auditoría en las dos plantas es la base de la presentación de los diputados.
Acción en la Corte
Independientemente de esta investigación, la defensa de Camilo Soares recurrió con una acción de inconstitucionalidad el sobreseimiento (que fue corregido luego) por la construcción de las dos desalinizadoras. En total, ocho de los nueve ministros se apartaron de entender y ni siquiera tiene sala integrada.
Proceso lleno de chicanas
Camilo Soares, exsecretario de la SEN, y Alfredo Guachiré, exdirector de contrataciones, se turnan para plantear chicanas y no enfrentar la audiencia preliminar por el caso de sobrefacturaciones de alimentos, donde están acusados por un presunto perjuicio de G. 1.224 millones.
La preliminar está pendiente desde hace más de un año, y, ahora se presentó ante la Corte Suprema de Justicia el rechazo de un incidente de nulidad contra una cédula de notificación que interpuso el abogado José Fernando Casañas Levi, por la defensa de Soares. Esto impide que el juez Pedro Mayor Martínez fije la nueva fecha de audiencia preliminar porque el expediente subió a la Sala Penal.