Fiscal dilata imputación por perjuicio de G. 1.426 millones

El fiscal de Salto del Guairá, Julio César Yegros, hasta ahora no imputó al intendente de La Paloma del Espíritu Santo, Carlos Villalba López (ANR), hermano de la diputada colorada por Canindeyú, Cristina Villalba.

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Cristina y Carlos Villalba son señalados como los jefes políticos de la zona de Canindeyú, que manejan al dedillo a las autoridades de la zona. En Ypejhú, su intendente Vilmar “Neneco” Acosta Marques (ANR) era el protegido de los Villalba. “Neneco” está sindicado como autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, el pasado 16 de octubre, en zona de Villa Ygatimí.

Yegros incluso llamó al intendente para declarar, pero se abstuvo.

Según los antecedentes, la Contraloría General de la República había remitido a la Fiscalía General del Estado documentos sobre indicios de hechos punibles cometidos por Villalba como intendente de La Paloma del Espíritu Santo.

De acuerdo a los antecedentes, la administración municipal ejecutó obras en el 2008 por la suma de G. 1.426.318.322, y en el ejercicio 2009 por la suma de G. 1.144.705.176, con fondos provenientes de royalties y compensaciones. Una inspección técnica realizada por la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría detectó perjuicio patrimonial por G. 127.570.139 en cinco obras encaradas por la Municipalidad a cargo de Carlos Villalba López.

El 3 de octubre de 2012, la Contraloría remitió toda la documentación relacionada a la inspección técnica en la que se consignan que se hallaron indicios de hechos punibles contra el patrimonio por parte de la Intendencia de La Paloma del Espíritu Santo a cargo de Villalba. Sin embargo, más de dos años después, la fiscalía ni siquiera presentó imputación y tenía “encajonada” la causa, que ahora supuestamente se reimpulsa, luego del crimen del periodista Pablo Medina, en donde saltaron las conexiones de los Villalba.

El fiscal Yegros tiene varios cuestionamientos, incluso fue enjuiciado por el Jurado por la devolución de evidencia en un proceso por lavado de dinero.

Se aguarda que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, adopte medidas al respecto, para evitar que se generen dudas o sospechas sobre la actuación del Ministerio Público, en otro caso en que se habla de una fuerte presión política.

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