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A pedido de la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) del Senado, el fiscal general Díaz Verón concurrió ayer a la Cámara Alta. Los legisladores le solicitaron precautelar los derechos humanos de familias campesinas, que son afectadas por órdenes de desalojo.
Uno de los casos puntuales ocurrió el 19 de junio pasado en el distrito de Mcal. Francisco Solano López (Caaguazú), en la finca número 80.240 que pertenece a brasileños, cuyas identidades no se dieron a conocer. Según un video que posee la Comisión de DD.HH., proveído por el senador liberal Luis A. Wagner, se observa que civiles vestidos con uniformes parecidos a los policías y con armas de guerra proceden a la destrucción de viviendas y de cultivos de subsistencia de campesinos en presencia de efectivos de la Policía Nacional.
Por ese motivo, el 23 de junio pasado los senadores Wagner, Hugo Richer (Frente Guasu) y Eduardo Petta (PEN) viajaron hasta la zona de conflicto. Petta indicó que observó a civiles armados (“parapoliciales”) y que le preguntó a un jefe policial de la zona si estas personas tenían autorización legal para portar armas de guerra incluso, a lo que el comisario de turno no pudo responder.
Al concluir la audiencia, el fiscal general fue consultado sobre el tema por los periodistas, a lo que respondió que la política del Ministerio Público es respetar los derechos humanos. “Pero no corresponde al Ministerio Público más que nada al Poder Judicial, oficial de Justicia y Policía Nacional, que intervienen en ese tipo de procesos”, añadió.
Indicó que la ciudadanía debe entender que el propietario que posee su título de propiedad quiere que personas extrañas al inmueble sean desalojadas y que los ocupantes quieren mantenerse en el sitio.
Sueldos de fiscales
De paso, Díaz Verón reclamó un mejor salario para los agentes fiscales, que en promedio perciben mensualmente G. 12.132.666, que incluye salario más bonificación.