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En representación de los funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el abogado Nicolás Russo presentó en diciembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en contra del presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, y en carácter de supuestos cómplices contra el presidente de la República, Horacio Cartes, autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, la misma ANNP, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), entre otros. La intención de la presentación es frenar un plan bien montado para despojar a la ANNP de un predio de 11 hectáreas para construir un hotel casino.
El letrado denunció que el expediente se “extravió”.
Ayer el fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, manifestó que no tiene conocimiento del extravío de algún expediente relacionado al plan de despojo del predio de esa unidad. Indicó que, en todo caso, lo que sí sabe es que el fiscal Martín Cabrera tiene una causa parecida donde está procesado el expresidente de la ANNP y político liberal, Fernando Nicora, que data de 2014.
En cuanto a otro expediente similar tramitado en la unidad 4 de la fiscalía de Ciudad del Este y que, según Russo, también “desapareció”, la fiscala interina del caso, Clayde Acosta, en la mañana de ayer nos aseguró que “no se perdió” y que está en su oficina desde el 26 de abril, en etapa investigativa. Cuando le consultamos qué diligencias se estaban realizando afirmó que estaba en una audiencia en el Tribunal y no tenía la carpeta consigo. Pidió que le llamáramos entre las 14:15 y las 14:30, cuando ella ya estaría en su oficina, con el expediente. Intentamos comunicarnos con ella en el horario establecido, pero no atendió el teléfono.
En el caso manejado por la fiscala Acosta fueron denunciados por usurpación de funciones públicas y otros hechos punibles McLeod de Zacarías y exconcejales colorados del periodo 2010- 2015. Fueron denunciados por haber firmado la Ordenanza 002/2015 del 24 de febrero del 2015, que declara el predio de la ANNP “como área para desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de reconocida cadena internacional, centros de exposiciones, áreas gastronómicas y áreas verdes”.
El 13 de diciembre de 2016 el abogado Nicolás Russo pidió a la Contraloría General de la República, a cargo de Enrique García, en carácter urgente, un examen especial y auditoría en la Conajzar, respecto a la aprobación del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación y la concesión de un hotel casino a instalarse en el terreno de la ANNP, en la zona primaria, algo prohibido por la Ley 1066/65. La institución pública no intervino hasta ahora.
Incoherencia
La concesión del predio público, valuado en aproximadamente 185 millones de dólares, que tiene Puertos en la zona primaria del Puente de la Amistad, a una empresa privada “amiga” del poder de turno, será nula, advirtió el procurador general de la República, Roberto Moreno. Empero, dijo que no puede intervenir en este intento de despojo porque no fue consultado al respecto y porque el hecho no se consumó todavía.
Sin embargo, en 2014 intervino en un caso similar y emitió un dictamen en contra.
No atienden
Ayer intentamos hablar con el defensor del pueblo, Miguel Godoy, pero no nos atendió. El contralor, Enrique García, tampoco contestó nuestras llamadas.
Esquema
Todo el proceso ejecutado por las instituciones públicas paraguayas hasta ahora para la construcción del hotel casino en la zona primaria fue a la medida de los intereses del empresario venezolano israelí Simón Falic, cuyas empresas constituidas en el país fijan domicilio en Asunción, en un dúplex perteneciente al consejero de Yacyretá Emilio “Tiky” Cubas, primo del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y compadre del asesor de Cartes, Javier Zacarías Irún.
El gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías; su cuñada la intendenta esteña, Sandra McLeod; y el “hermano” espiritual de Cartes, el brasileño israelí Darío Messer, también conforman el esquema urdido para despojo a la ANNP, según las denuncia.