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Indicó que el sistema político implementó la arbitrariedad dentro del Congreso.
“Después de que la Corte Suprema declaró, en una sentencia, que las arbitrariedades que comete el Congreso no pueden ser recurridas ante la Corte, generó la consecuencia de que el presidente de la República ni los ministros de la Corte ni los miembros del TSJE tengan garantías o algo le proteja si al Congreso se les antoja remover”, puntualizó el jurista y parlamentario electo.
Recordó el conflicto entre la máxima instancia judicial y el Congreso, cuando los parlamentarios alegaron que los ministros de la Corte no eran inamovibles. Ferreiro indicó que los miembros de la máxima instancia judicial rápidamente emitieron una resolución alegando garantías constitucionales a su favor, pero en el caso del exmandatario Fernando Lugo no ocurrió lo mismo.
“Es la discusión de aspectos fundamentales del Estado de Derecho; con esta sentencia con la cual culminó el juicio político, el Paraguay ha bajado del carro de los países civilizados del mundo”.
Criticó que la Corte Suprema de Justicia no está en condiciones de defender los derechos de los ciudadanos y menos de las instituciones estatales.
Las consecuencias del juicio político del año pasado derivaron que el Paraguay deje de ser un Estado de Derecho pleno, indicó Ferreiro.
Alegó que el cambio de la Constitución Nacional no solucionará el extrapoder que posee el Congreso Nacional. La solución debe provenir de un cambio a nivel ciudadano y de los políticos, indicó.