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Acerca del reciente episodio en el que el vicepresidente de la República Juan Afara y dirigentes del Partido Colorado plantearon a dueños de radioemisoras negociar pautas publicitarias y, como contrapartida, pidieron priorizar las “noticias positivas”, Fernández Arévalos dijo que no merecía mayor comentario por lo inaceptable de esa propuesta.
El exlegislador durante el periodo 1993/98 apuntó, al ser consultado sobre el riesgo de volver a las prácticas de la dictadura en la que no se permitía el disenso y se presionaba a los medios para que den una visión favorable al régimen, que la situación actual es diferente. Señaló que en aquel entonces se vivía otro ambiente tanto a nivel nacional como internacional.
Sobre la cuestión específica de que el Gobierno ofrezca publicidad de las instituciones del Estado por promoción, Fernández Arévalos señaló que claramente este planteo implica “un intercambio de favores” que no corresponde, ya que de por medio está el dinero público.
El exlegislador apuntó que esta situación se da posiblemente por un doble motivo. Por un lado, porque el Gobierno, a esta altura, es consciente de que no ha sabido comunicar a la población acerca de su gestión. Por el otro lado, hay un interés concreto de promocionar la figura presidencial dado el interés y la campaña abierta por instalar la reelección.
Destacó también que, con seguridad, la CIDH estará atenta a cómo se desarrollen los acontecimientos en nuestro país en relación con el respeto a la libertad de prensa. Indicó que normalmente, cuando se dan acontecimientos que pueden poner en riesgo derechos fundamentales, como el de acceso libre a la información, este organismo internacional hace un monitoreo. Con base en este control, posteriormente puede realizar recomendaciones o advertencias, ya que nuestro país es signatario de acuerdos internacionales que le obligan a atender derechos básicos de la ciudadanía.
Fernández Arévalos puntualizó que era difícil que se planteen nuevamente situaciones que se dieron durante el régimen dictatorial de 35 años que sufrió nuestro país porque habrá una reacción de la ciudadanía e igualmente la comunidad internacional actuará como un reaseguro del respeto a las libertades fundamentales, establecidas en diversos instrumentos internacionales que nuestro país está obligado a respetar.