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La diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) cuestionó que, sin más pruebas que una simple denuncia o un parte policial, fiscales y jueces envían constantemente a los ciudadanos a las cárceles, a pesar de la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional.
La legisladora manifestó en entrevista a Radio ABC Cardinal 730 AM que el artículo 19 de la Carta Magna establece que “la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio”. Sin embargo, el artículo 245 del Código Procesal Penal prohíbe la aplicación de medidas alternativas a la prisión a imputados por hechos punibles que tienen una expectativa de pena mayor a cinco años de prisión.
En la práctica, toda persona investigada por ese tipo de delitos necesariamente es encarcelada mientras espera el sobreseimiento o un juicio, detalló la diputada. Aseveró que lo ideal es que una persona procesada pueda litigar en libertad. Es decir, induce a que “se cometan un montón de injusticias y sobre todo que el sistema penitenciario hoy esté absolutamente colapsado, violando y vulnerando no solamente derechos procesales, sino rayando en la violación de derechos humanos en el hacinamiento, en la falta de políticas públicas”, agregó.
El 80% sin condena
En Paraguay hay más de 14.000 personas privadas de su libertad y casi el 80% no tiene condena, según datos del Ministerio de Justicia. “La prisión preventiva debe ser la excepción y hoy es la regla en el sistema penal”, puntualizó la legisladora opositora del departamento Central.
También recordó que en el anterior periodo, en la Cámara de Senadores se creó una comisión para impulsar una reforma penal. Recordó que estuvo encabezada por el entonces senador Eduardo Petta (ex-PEN y actual colorado de Añetete y ministro de Educación), pero el trabajo terminó solo en unos pequeños cambios legislativos.
Sostuvo que no existe voluntad real para analizar y modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes penales complementarias, que ayudarán a armonizar nuestro cuerpo jurídico.
Particularmente se comprometió a trabajar para la derogación del artículo que regula la prisión preventiva y para un cambio de fondo del sistema penal durante el reinicio del periodo legislativo, a partir del viernes 1 de marzo. En realidad, las actividades parlamentarias normales comenzarán recién el martes 5 de marzo, teniendo en cuenta que el lunes 4 se cumplirá el feriado que corresponde al Día de los Héroes (1 de marzo).