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En la audiencia preliminar realizada ante el juez Humberto Otazú, Núñez Salinas solicitó la suspensión condicional del procedimiento, para lo cual admitió la comisión de dos delitos. El fiscal Martín Cabrera se allanó al pedido del diputado, pero el magistrado Otazú le dio trámite de oposición.
El 17 de mayo de 2016, el entonces fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, rectificó la postura asumida por Cabrera y ratificó el pedido de juicio oral y público para el legislador por la ANR.
El 17 de marzo de 2016, el fiscal Cabrera había acusado Núñez Salinas, con base en una pericia del Laboratorio Forense del Ministerio Público que concluyó que la firma en la hoja en la que se autoriza al despachante Sergio Daniel Chaparro la realización del despacho de mercaderías, le pertenece al legislador acusado. Añadió que la firma obrante en la nota del 25 de octubre de 2012, en la que se remiten las documentaciones al legajo de despacho N° 110021C04016377Y, conocimientos, declaración de valor aduanero y la factura N° ST98009 del 8 de octubre de 2011 por la valor de US$ 17.760, también pertenece a Núñez Salinas, quien, como representante de la firma Intercom Ingeniería SA, negó que las firmas rubricadas en los dos documentos sean suyas.
Antecedentes
El 13 de marzo de 2013, la entonces directora de Aduanas y actual diputada Rocío Vallejo denunció ante la fiscalía a representantes de la firma Intercom Ingeniería, presidida por Núñez.
El 23 de marzo, atendiendo la acusación que presentó el fiscal Cabrera, luego del análisis de las documentaciones relacionadas con el despacho de importación N° 110021C04016377Y, corroboró la existencia de documentaciones falsas, a los efectos de fijar como valor imponible un monto inferior al real, de manera tal a aplicar un menor costo en concepto de tributos. A raíz de ello, el Ministerio Público presentó la imputación contra Núñez Salinas.
Según los antecedentes administrativos, la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas, en coordinación con la TTU (Trade Transparence Unit.), en el marco de la cooperación recíproca con el gobierno de los Estados Unidos, detectó la operación de importación mediante el cotejo de datos, los cuales eran similares pero no idénticos. Este hecho dio inicio a la investigación interna que luego arribó a una conclusión.
Según el informe de la CAIA (Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera), considerando el contenido de ambas facturas comerciales se tiene por un lado, la utilizada para el despacho (Invoice St98009), que consigna 111 unidades de routeadores (router), con un precio unitario de US$ 160 y un total de US$ 17.760, que era manifiestamente diferente a los 11 items consignados en el invoice N° INV20110348 por un total de US$ 1.026.028.
Documentación falsa
El importador al momento de presentar las documentaciones de la operación comercial no presentó la constancia o comprobante que acredite el pago al proveedor. De esta manera, se confirmó que la factura comercial presentada para el despacho por valor de US$ 17.600 era falsa, lo cual se corroboró mediante la colaboración del gobierno de los Estados Unidos.
“El despacho de importación con las documentaciones presentadas por el despachante Sergio Daniel Chaparro, para el trámite correspondiente de desaduanamiento, contenían documentación falsa (factura, manifiestos, declaración de valor aduanero), con el fin de obtener el pago de tributos aplicados sobre un valor económico distinto al real de la operación comercial entre la firma Intercom Ingeniería SA y Envivo Inc. Es decir, por un lado, la factura presentada refiere un valor distinto al real pagado y, por otro lado, las mercaderías descriptas también difieren entre sí, en la idea de facilitar y obtener una clasificación arancelaria distinta de la real para el pago de tributos, que en tal caso sería distinta”, dice la acusación fiscal.
Busca trabar audiencia
El diputado colorado Carlos Núñez Salinas presentó un escrito ante el juez Humberto Otazú, en el que informa que el 1 de julio pasado asumió nuevamente como diputado por Central y, por lo tanto, cuenta con inmunidad parlamentaria hasta el 30 de junio del 2023. A criterio del legislador, el desafuero que permitió su procesamiento ya no es válido y el juez debe solicitar nuevamente un pedido a la Cámara de Diputados.
La audiencia preliminar para el legislador acusado está prevista para este jueves 23 de agosto y es evidente que busca suspenderla de nuevo.
El 18 de diciembre del 2014, Núñez Salinas fue desaforado para su procesamiento.