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El desalojo de la familia Eisen es emblemático: fue expulsada de su propiedad a pesar del respaldo de un título de propiedad resultado de mensura judicial, con registro catastral actualizado.
Según nuestro ordenamiento jurídico, la familia Eisen nunca debió ser desalojada: disponer de un título de propiedad legítimo debió ser protección suficiente para mantener la posesión del inmueble.
Lo grave de esta situación es que un título de propiedad incuestionable no sirvió para mantener a los Eisen dentro de su propiedad.
La falsificación de títulos de propiedad junto con la abierta complicidad de jueces y fiscales ponen en peligro la estabilidad jurídica del país.
En nuestra edición del domingo pasado publicamos un reportaje que refleja la magnitud del problema: el Servicio Nacional de Catastro informó que los títulos de propiedad suman una superficie de 59,9 millones de hectáreas.
Paraguay tiene 40,6 millones de hectáreas; si hoy los títulos suman 59,9 millones de hectáreas tenemos que el país “creció” 19,3 millones de hectáreas.
Este “aumento” de la superficie de nuestro país se registró entre agosto de 2009 y diciembre de 2012.
La superposición documental ya es hoy de 19,3 millones de hectáreas, un área mayor a la Región Oriental de nuestro país.
Esta situación es resultado de la superposición de títulos de propiedad; buena parte de las inscripciones surge de mandatos judiciales a la Dirección de Catastro dictados por jueces venales.
Conflictos y corrupción
La comercialización de títulos de propiedad falsos no puede darse sin complicidad del Poder Judicial y el Ministerio Público; el poder político, por su parte, alimenta la corrupción que genera mandatos judiciales que no se compadecen de títulos que demuestran derechos legítimos.
El resultado es inestabilidad y conflictos. En el caso de los Eisen, pagaron 10,5 millones de dólares para adquirir 1.742 hectáreas de tierra, en el distrito de Mayor Otaño. Y hoy no están en su propiedad.
El señor Vilmar Eisen y su hijo Joel sostienen que Nivaldo Ourikes Kestring podría ser el financista de las irregularidades.
Extienden el dedo acusador a Luis Aníbal Schupp, intendente de San Carlos del Apa, y al diputado Mario Cáceres diciendo que podrían estar brindando el respaldo político necesario para el robo de su propiedad.
En las localidades donde nos tocó estar se escucha fuerte el comentario de que el vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, es responsable del accionar de Luis Aníbal Schupp y Mario Cáceres.
Inclusive, en una comisaría del interior del departamento un oficial confirmó que las órdenes reciben en nombre de Afara. Hay que resaltar que personas inescrupulosas pueden estar usando su nombre y quizás Afara no tenga nada que ver en el caso Eisen.
Reunión en Encarnación
En la mañana del sábado último se realizó una reunión entre Nivaldo Ourikes Kestring y el diputado Mario Cáceres. El encuentro tuvo lugar en un hotel céntrico de la capital de Itapúa.
De acuerdo a las informaciones que nos brindaron, supuestamente Nivaldo Ourikes Kestring reclamó al parlamentario la falta de cumplimiento del acuerdo.
El diputado Cáceres habría indicado que se cumplió el pacto de entregar la posesión. El problema es que Nivaldo Ourikes Kestring teme medidas judiciales que devuelvan la propiedad a sus legítimos dueños y al final termine perdiendo el dinero utilizado para comprar respaldo político-judicial.
Por increíble que parezca, el desalojo fue logrado por Aníbal Schupp, en nombre de María Magdalena Díaz Vda. de Dirks, quien no tomó posesión de una tierra donde era arrendataria, no propietaria.
Y tenemos a Nivaldo Ourikes Kestring como supuesto financista de la operación. Esto se logra solo con jueces corruptos.
roque@abc.com.py