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Gibaud sostuvo que la expulsión se hará cuando se culmine con todo el proceso investigativo, que aún está en curso, y se tengan todas las pruebas.
Adelantó que la medida afectará a todos los involucrados, sin excepción alguna, y que si quieren culminar sus estudios lo pueden hacer en otras instituciones, “pero no en la Universidad Católica”.
En cuanto a los egresados, señaló que se les anularán los títulos y los certificados de estudios. También se pedirán la anulación y retiro de la matrícula de abogado, que expide la Corte Suprema de Justicia.
Todos aquellos que tienen título y pretendan revalidarlo para otros estudios superiores o para el extranjero, no serán procesados en la Universidad Católica y constará que este es un documento nulo.
Si estos egresados pretenden regularizar su situación, podrán cursar las materias afectadas, pero en otras instituciones, siempre que los acepten.
El rector Gibaud manifestó que han recibido informes de la comisión interventora, presidida por el doctor Antonio Tellechea Solís, de los últimos tres meses, y que se detectaron 188 actas fraguadas. La investigación seguirá por tres meses más.