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Valdez dijo que al escuchar las declaraciones de Camilo Soares, en las que quiso tirar el fardo del no funcionamiento de las plantas desalinizadoras al gobierno anterior, se vio obligado a mostrar algunos documentos que refutan ese argumento y con ello, una vez más, se lo deja al exministro de la SEN de la era Lugo como un mentiroso y manipulador.
En un informe presentado por Valdez al presidente Federico Franco, se lee que de acuerdo a los datos recogidos por la Coordinadora Unidad de Hábitat en Riesgo, Mónica Urbieta, quien sigue en el cargo desde la era Soares, 30 de junio de 2012, la planta desalinizadora de Villa Choferes del Chaco se encontraba fuera de operación, por no encontrarse en funcionamiento el pozo de inyección. Según el informe, la razón del no funcionamiento estaba dada por la obstrucción del pozo debido a la colmatación producida por el subproducto (salmuera) y deficiencias técnicas operativas en su construcción.
Asimismo, el pozo de succión se encontraba con problemas por arrastre de arena susceptibles de daños a los equipos de la planta.
“No me puedo quedar callado ante las declaraciones de Camilo que escuché en la televisión y que no son ciertas”, dijo Valdez.
Es más, para poner en funcionamiento la planta se necesitaban obras y equipos complementarios que posibiliten la operación como provisión de resina selectiva de boro para ajustar el nivel del mismo a las normas paraguayas, perforación de dos pozos de inyección, perforación de un pozo de succión, construcción de pileta de potabilización, proyecto e instalación de dispositivos de prevención de incendios, obras auxiliares de construcciones complementarias, sistemas eléctricos, tajamar, piletas y acceso. Para todo esto se estimó un presupuesto de US$ 1,1 millones.
El otro clavo
En el mismo informe que mostró Valdez también se lee la situación de la planta desalinizadora que se encuentra en Tte. Irala Fernández. El 30 de junio de 2012, se informaba que no era aún una planta productora de agua potable. El equipamiento productivo es piloto y se encuentra en etapa de experimentación. El equipo de ósmosis inversa se encuentra alojado en un contenedor que puede ser transportado.
El documento señala que resta construir el 87% de la planta productora, con niveles de costos superiores a la planta de Villa Choferes del Chaco, por el alto grado de salinidad del agua. Los estudios técnicos también deberán ser rigurosos en relación a la calidad y costo del agua generada.
Sostienen que serían necesarios, equipo desalinizador, pozos, aljibes, piletas de tratamiento, depósitos, oficinas, laboratorio e instalación de equipos de prevención de incendios. El costo estimado de todo esto es de US$ 3,2 millones.
Fiscalía dilata investigación
El caso de las plantas desalinizadoras fue denunciado en diciembre del año pasado ante el Ministerio Público. La investigación está a cargo del fiscal René Fernández, quien dijo que aguarda un informe técnico que solicitó a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Este informe es determinante ya que con ello se podrá saber si realmente existió un estudio de planificación o simplemente se construyeron las plantas por capricho del entonces ministro Camilo Soares.
Este capricho de Soares tuvo un costo para el Estado de G. 16.000 millones (un poco más de US$ 3 millones).