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En un escrito firmado por Nils Candia, José Cristaldo Montaner y Rodolfo Manuel Aseretto, este último como abogado patrocinante, se plantea la solicitud de investigación al titular del Ejecutivo y a parlamentarios que promovieron la violación de la Carta Magna para habilitar, mediante enmienda, la figura de la reelección presidencial.
La organización de Derechos Humanos también pide la inclusión en las averiguaciones al ministro del Interior Lorenzo Lezcano, quien cuando ocurrieron los hechos de represión durante las protestas en marzo del 2017 era viceministro de Seguridad, al exministro del Interior Tadeo Rojas, al excomandante de la Policía Crio. Críspulo Sotelo y al fiscal general Javier Díaz Verón, este por no cumplir presuntamente sus funciones constitucionales, además de enriquecimiento ilícito y mal desempeño de funciones.
La Asamblea por los Derechos Humanos sostiene que Cartes tiene responsabilidad en la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana durante un atraco policial al Directorio del PLRA en la noche del 31 de marzo del 2017 porque la Policía estaba bajo sus órdenes, atribución indelegable según el Art. 283 de la misma Constitución.
La entidad enfatiza que la Policía actuó fuera del protocolo correspondiente y puso en riesgo la vida.
Finalmente, la asamblea advierte que, si no hay curso favorable al pedido, recurrirá a la Corte Penal Internacional.