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Ayer a la mañana tenía que comparecer Favio Gómez Chamorro, una de las personas asalariadas en la Cámara Baja a pedido de Ibáñez mientras que en realidad trabajaba de “casero” en la quinta del parlamentario en Areguá.
“La audiencia fue suspendida por una cuestión estrictamente procesal. Todas las personas imputadas deben ser notificadas 10 días antes para su comparecencia. Eso no se había cumplido con la fijación inicial que hizo este juzgado”, explicó el magistrado.
No obstante las audiencias de la esposa del diputado Ibáñez, la exmodelo y abogada Lorena Plabst, fue confirmada para mañana, a las 08:30, señaló.
Plabst e Ibáñez fueron imputados por la comisión de los supuestos delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Este jueves también deberá comparecer la jefa de gabinete de Ibáñez, la funcionaria María Liz Gutiérrez, quien era la responsable de firmar las planillas de asistencia de los “presuntos” funcionarios de la Cámara Baja.
Por otro lado los caseros Favio Ernán Gómez Chamorro, su pareja Viviana Falcón y el hermano de esta Éver Isaac Falcón, también imputados por la fiscalía en calidad de cómplices, deberán comparecer este viernes, a partir de las 08:00.
Estos trabajadores de la casa quinta de Ibáñez descubrieron que sus nombres figuraban como funcionarios de la Cámara Baja con salarios de G. 2.500.000 cada uno, monto que era depositado en la cuenta del parlamentario mientras ellos recibían sueldos inferiores al mínimo.
Iniciadas las investigaciones del Ministerio Público, los caseros decidieron respaldar la versión de su empleador, pese a las pruebas con que contaba la Fiscalía de Delitos Económicos.
Estudiarán desafuero
Por su parte, el juez Riquelme ya notificó al Congreso que el diputado colorado Ibáñez fue imputado por varios delitos relacionados a la contratación en la Cámara Baja de cuidadores de su quinta.
El procedimiento legislativo establece que el pedido se remita a la comisión de Asuntos Constitucionales para un dictamen. Posteriormente, el pleno de la Cámara debe definir si hace lugar al pedido. Para desaforar al diputado y pueda ser sometido a la justicia se requieren de dos tercios de un total de 80 legisladores.