Esposa de diputado en la mira de la Fiscalía

El fiscal de Delitos Económicos, José Dos Santos, solicitó los legajos de la esposa del diputado liberal Gustavo Cardozo, exgobernador de Alto Paraná, de nombre Ingrid Engelwart, de la hermana de esta mujer Ema Engelwart, además de una sobrina, ante la sospecha de que serían “planilleras” en la Justicia Electoral. El oficio fue enviado al ministro Jaime Bestard.

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Dos Santos realizó esta diligencia dentro de la causa del ministro Alberto Ramírez Zambonini, imputado junto a otras personas por cobro indebido de honorarios.

El agente, que interina en la feria a sus colegas Yolanda Portillo y Nadine Portillo, requirió los legajos originales de las hermanas Engelwart, además de Violeta Martínez Cardozo (quien es sobrina del diputado Gustavo Cardozo) y de Larisa Soledad Gómez Penayo. Esta última es pariente política de Víctor Manuel Báez Alfonso, jefe de gabinete y secretario privado de Ramírez Zambonini.

Báez también habría colocado en la Justicia Electoral a su esposa Johana Repol y familiares. La mujer toma clases en una facultad privada en horario laboral, según los datos.

En cuanto a Ingrid, se sabe que fue comisionada a la Cámara de Diputados como asesora de su marido parlamentario (quien le firma la planilla de asistencia) con un salario de G. 6.575.600. Por su parte, su hermana Ema percibe G. 6.575.600 y su sobrina Violeta gana G. 5.860.100. Figuran como asesoras en el Registro Electoral de Ciudad del Este.

El fiscal José dos Santos requirió al ministro Bestard que informe si las cuatro mujeres indicadas más arriba “son o fueron funcionarias del Tribunal Superior de Justicia Electoral” y en caso afirmativo, que remita los horarios de prestación de servicios. A su vez, que indique en las dependencias donde cumplen funciones y la forma de registro de asistencia (marcación de entrada y salida).

Asimismo, el agente de Delitos Económicos pidió que se informe “si alguno de los funcionarios citados se encuentran comisionados a otra institución del Estado y en caso afirmativo, indique la institución en la cual prestaban o prestan servicios”.

Finalmente, el fiscal da un plazo de 72 horas para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral remita los documentos requeridos.

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