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El diputado Ovelar, presidente de la comisión de Lucha contra el Narcotráfico y uno de los principales impulsores de la ley sobre bienes narco, confirmó que la semana pasada se remitió al Ejecutivo la ley mencionada. Agregó que depende del mandatario apurar la promulgación y luego la reglamentación de una norma muy necesaria para el combate al crimen organizado.
La normativa crea la Secretaría Nacional de Administración Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que administrará los bienes de personas u organizaciones vinculadas a delitos como el lavado de dinero y narcotráfico, mientras estos estén sometidos al proceso judicial. Ovelar señaló que la Senabico no tendrá un presupuesto alto, ya que solamente prevé los sueldos para cargos de director y subdirector y el resto de los funcionarios, en su mayoría administrativos contables, serán los estén sin funciones en otras instituciones públicas.
El diputado Ovelar expresó su conformidad con la forma en que quedó finalmente la ley respecto a los porcentajes destinados a las instituciones de seguridad, luego de que se proceda al remate de los bienes.
La norma establece que un 50% se destinará a instituciones vinculadas a la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.
Representantes del Poder Judicial, la Fiscalía y la Senad habían planteado en el Senado aumentar el porcentaje que les correspondía, en caso de remate de los bienes, pero el planteo no se llegó a tratar.
Respecto a las críticas de que se trata de una ley “confiscatoria”, el legislador dijo que esa fue la crítica al proyecto anterior, pero que se aclaró que no existe la tal confiscación.
Señaló que si luego de un juicio la persona acusada resulta “no culpable” y reclama sus bienes, estarán establecidos los valores contables de los bienes que le fueron incautados y no habrá un perjuicio patrimonial porque le será devuelto.
Indicó que su postura era de hecho mantener los porcentajes del proyecto original con énfasis para prevenir y rehabilitar a personas con problemas de drogadicción, tal como lo establece el artículo 71 de la Constitución.