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La procesada fue acusada por percibir un salario de G. 6 millones sin prestar servicios y ofreció una donación de G. 120 millones para la construcción de aulas en la escuela José Antonio Ibarra Ríos de Caazapá. La propuesta fue aceptada por el fiscal José dos Santos y el juez Sosa Pasmor, quien también le decretó un año de reglas de conducta.
Para otro de los coprocesados, Joel Giménez Torres –quien percibía G. 3 millones sin trabajar–, se solicitó la rebeldía porque no se presentó dos veces y tampoco justificó. De hecho, su propio abogado defensor, Nelson López, reconoció que está con paradero desconocido. En este caso fue “blanqueado” antes de la acusación el ministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, y dilatan su audiencia preliminar el abogado liberal Manuel Radice; su esposa, Clara Haydée Silveira; la madre de esta, Ana Catalina Arza, y su hermana, Gloria María Paz Silveira Arza, todas “planilleras”. Estas plantearon una prejudicialidad porque objetan la destitución del TSJE e insisten en ser repuestas.