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Feliciángeli había solicitado entrevistar al político colorado Carlos “Chicharõ” Sánchez Garcete. Sin embargo, la Dirección de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú derivó la solicitud al juzgado a fin de que el magistrado autorice la entrevista requerida.
“Yo no puedo autorizar algo que la ley no prohíbe. Esta no es una atribución propia de un juez de garantías”, dijo el magistrado, y agregó: “Cuando se decreta la prisión de una persona, por lo general la resolución dice que estará ‘“’en libre comunicación’”.
Nos guste o no, no se puede prohibir a nadie hablar, indicó el magistrado.
Carlos “Chicharõ” Sánchez Garcete “está privado de su libertad y no del derecho a expresarse; él puede hablar lo que quiera, ante quien quiera”, manifestó.
Otazú destacó que el documento no tiene validez para el Poder Judicial, por tratarse de una cuestión interna del Ministerio de Justicia, y destacó que fue dictado de manera unilateral.
Sobre el punto, recordó que el año pasado se implementó un protocolo para realizar audiencias por la vía de la videoconferencia, el cual sí fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia, que dictó una acordada y puso a disposición de los jueces para su utilización.
“Pero este es diferente; ellos disponen en forma unilateral. Este protocolo es inconstitucional. No se puede prohibir a nadie hablar; las garantías constitucionales están por encima del protocolo. Pueden buscar en la legislación y no van a encontrar dónde dice que un juez debe autorizar a un interno a hablar”, acotó.