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El trabajador dijo que los secuestradores le confirmaron que mataron a Luis Lindstron porque “no cumplió con leyes revolucionarias”.
Adrián Zorrilla Otaño, de 22 años, relató ante el fiscal de la Unidad Penal 3 de Santa Rosal del Aguaray, Christian Ramón Roig Escandriolo, que el miércoles, cerca de las 11:50, fue interceptado por un grupo armado que primero neutralizó a tiros de fusil su camioneta, al disparar contra el motor.
El joven dijo que se agachó para evitar ser herido y que luego fue obligado a salir del rodado y tenderse en el suelo, donde le quitaron todas sus pertenencias, entre ellas dinero, celular y documentos.
La emboscada ocurrió luego de que el trabajador dejara provistas en un retiro de la estancia “San Eduardo” de Tacuatí, propiedad de Eduardo Talavera, en un camino interno en medio de un maizal y un tupido bosque, a 1.500 metros del cauce del río Ypané, que divide los departamentos de Concepción y San Pedro.
Los autores del ataque, que eran alrededor de 10 personas, estaban vestidos con uniformes de camuflaje y cargaban pesadas mochilas, como aparentando mudarse de campamento. Los criminales se identificaron como integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y le entregaron un panfleto para que leyera cada uno de los puntos establecidos en lo que los secuestradores llaman “leyes revolucionarias”, como las prohibiciones de hacer desmontes, fumigar y portar armas.
Zorrilla Otaño dijo que uno de los sujetos le explicaba en guaraní y castellano cada punto de la nota, luego de que él mismo la leyera, durante los 30 minutos que lo mantuvieron de rehén.
Pese a que fue obligado a permanecer casi todo el tiempo con la cabeza agachada, el capataz del establecimiento asegura haber identificado, a través de las fotografías que le exhibieron, al actual jefe del brazo armado del EPP, Osvaldo Daniel Villalba Ayala (30), alias “Alexander”, y al considerado el cuarto al mando en la estructura del grupo, Alejandro Ramos Morel (40), alias “Jota”, quien justamente era el que más le hablaba.
La víctima del suceso contó que los miembros del EPP le obligaron a anotar en una hoja unas exigencias para su patrón, que consisten en entregar víveres por valor de 10.000 dólares y 10 vacas en el asentamiento Nueva Fortuna de Kurusu de Hierro, departamento de Concepción, área considerada una de las principales guaridas del EPP y situada justamente a solo cinco kilómetros del lugar, al otro lado del río Ypané.
También le advirtieron que tomarían represalias si no entregaban la misma cantidad de animales en el asentamiento Núcleo 4 de Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, ubicado a 25 kilómetros del sitio de la emboscada.
Asimismo, según Zorrilla Otaño, la banda criminal le exigió que destruyan los cultivos de maíz y que los reemplacen por plantaciones de Tajy en un lapso de ocho días.
Luego de estas advertencias, incendiaron la camioneta y liberaron a la víctima, quien a pie recorrió 10 km hasta llegar a la estancia.
El joven trabajador declaró que pensó que lo iban a matar, ya que en todo momento le apuntaban con armas largas.
Adrián Zorrilla Otaño también reveló que los miembros del EPP le confirmaron que asesinaron al exintendente de Tacuatí, Luis Alberto Lindstron Picco (63), justamente porque “no cumplió con las leyes revolucionarias” que le impusieron.
El crimen del ganadero ocurrió el 31 de mayo pasado, dentro del predio de la estancia “Paso Itá” de Tcuatí, a 20 kilómetros en línea recta de donde fue atacado el trabajador de la estancia “San Eduardo”.
El fiscal Roig adelantó que presentará imputación contra los prófugos líderes de la banda criminal, Osvaldo Villalba y Alejandro Ramos.
Esta fue la sexta aparición del EPP en Tacuatí, luego del ataque al destacamento militar, el 31 de diciembre de 2008; la quema de una topadora en la estancia “Paso Itá”, el 7 de mayo de 2012; el atentado contra una torre de la ANDE en la colonia Manitoba, el 15 de noviembre de 2012; el asesinato del tractorista Santiago Morel Leiva, el 18 de abril de 2013; y el crimen de Luis Lindstron, el 31 de mayo pasado.