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El canciller Loizaga aclaró ayer que Cavallari fue convocada este martes último a la Cancillería nacional, para comunicarle la posición del Gobierno sobre una acción contra el Estado paraguayo presentada por la firma Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE), que presentó una demanda ante la Corte distrital de Columbia, Estados Unidos.
La embajadora italiana había señalado que la aseguradora SACE es desde el 2014 de capital privado italiano, sin participación estatal. Abogó por el diálogo para “buscar una solución” al conflicto.
Loizaga respondió: “Si bien se señala que la SACE no tiene más relación con el Gobierno italiano, sí tiene todavía relación, porque el Gobierno tiene una parte accionaria en la SACE, y si hubiese tenido voluntad, el Gobierno italiano hace rato hubiese resuelto esta situación, porque la SACE cuando estaba en poder del Gobierno italiano inició una demanda criminal contra sus directivos por esta estafa de Gramont Berres”, apuntó.
El canciller reiteró que Paraguay “no va a negociar, pero que sí puede dialogar”.
La acción judicial contra nuestro país es para “el reconocimiento y la ejecución” de dos fallos de la justicia suiza contra el Paraguay en el caso Gustavo Gramont Berres –expersonero de la dictadura stronista– y que representan unos US$ 80 millones.
La SACE, que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en los años 80 a Gramont Berres, pide la ejecución de los fallos de la justicia suiza, que fueron desfavorables para el país.