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Esta agrupación relata que el hecho se produjo a consecuencia de que el Estado transfirió en 1992 el cobro del impuesto inmobiliario a las municipales, pero las comunas, lejos de conformar su archivo catastral con base en datos del catastro nacional, confeccionaron el catastro a partir del año 1992, obviando la antigüedad de viviendas antes de ese año.
La ley del impuesto inmobiliario reconoce a favor del contribuyente con la antigüedad de veinte años de la construcción y por ese motivo deberá reducirse dicho impuesto al cinco por ciento. “Ese beneficio viene no observándose desde el año 1992”, dicen los autores de la nota.
Señalan que, según las investigaciones que hizo esta entidad de DD.HH., lograron comprobar indicios de cobro indebido que datan del año 1992, por lo que recurrieron a la Contraloría General de la República (CGR).
El ente de control, en su informe final N° 808 del 22 de septiembre de 2010, concluyó que el contribuyente asunceno era objeto del despojo a consecuencia de la sustracción indebida como el cobro de sus impuestos anuales. La CGR recomendó que la autoridad municipal deberá buscar medios de compensar el cobro indebido consensuado luego del examen caso por caso, a fin de resarcir el daño emergente.
En el caso de la Municipalidad de Asunción, los exintendentes citados en la denuncia ante la Fiscalía son Carlos Filizzola (hoy senador del Frente Guasu), Martín Burt (PLRA) y los colorados Enrique Riera, Evangelista Troche de Gallegos, Hugo Piccinini (no electo pero en ejercicio) y Arnaldo Samaniego.