En IPS y Senavitat hallan perjuicio patrimonial

Entre los expedientes que Contraloría General envió en el año 2014 a la Procuraduría General de la República para recuperar activos de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) tiene tres casos por casi G. 1.000 millones. Por otro lado, el IPS posee un expediente por G. 293 millones, según la denuncia.

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Uno de los casos que afecta a la Senavitat corresponde al primer semestre del año 2011. El órgano de control constató pago de monto superior al valor de tasación realizada, que ocasionó un perjuicio patrimonial a la empresa habitacional, por G. 705.874.400, según se desprende del informe elaborado por el equipo auditor de la unidad organizacional competente de la Contraloría General. Señala que este caso también fue remitido a la Fiscalía General del Estado como reporte de indicios de hechos punibles.

El segundo caso de Senavitat refiere al pago de viáticos a funcionarios que se desplazaron a menos de 50 kilómetros del asiento ordinario de trabajo. La institución abonó la suma de G. 7.369.414 por comisiones de servicios cuyo destino no ha superado la distancia mencionada, contraviniendo el decreto número 7264/06 “Por el cual reglamenta la Ley Nº 2686 del 13 de septiembre de 2005”, artículo cuarto.

El tercer expediente de la Senavitat es el resultado de una inspección técnica a la obra construcción de 188 viviendas e infraestructura básica, Proyecto Itá y Carapeguá III. La verificación constató indicios de probables hechos punibles resultante de pagos de más, que ocasionaron un perjuicio patrimonial a la Senavitat, por G. 115.645.040, según se desprende del informe elaborado por el equipo auditor de la unidad organizacional de la Contraloría.

Pagos de más en IPS

Una inspección técnica a la obra “Remodelación del Hospital Regional de Coronel Oviedo - Contrato Nº 136/2010, encarada por el Instituto de Previsión Social”, constató varios indicios de hechos punibles resultante de pagos de más realizados por obras ejecutadas que tienen un valor menor al monto certificado.

Ese hecho ocasionó un perjuicio patrimonial a la institución previsional por un valor de G. 293.495.777. Eso se desprende del informe elaborado por el equipo auditor del organismo superior de control.

El pedido para impulsar acciones tendientes a la recuperación de los perjuicios patrimoniales forma parte de un convenio de cooperación y apoyo entre Contraloría y Procuraduría, y así afrontar de manera más eficiente y eficaz la lucha contra la corrupción.

No afecta a su gestión

La intendenta de la Municipalidad de José Leandro Oviedo, departamento de Itapúa, Del Pilar Vásquez, a través de su asesor jurídico, Augusto Galeano, informó que asumió el cargo el 20 de setiembre del 2013, en reemplazo del asesinado intendente Wilfrido Ocampos, ocurrido el 6 de marzo del 2013. Antes, Del Pilar se desempeñaba como concejal. Es en relación al informe de la Contraloría General sobre un examen especial realizado a la citada comuna. El ente de control encontró indicios de hechos punibles contra el patrimonio por G. 175.510.150. El expediente fue remitido a la Procuraduría General de la República para impulsar la recuperación de los perjuicios patrimoniales.

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