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El abogado, exconvencional constituyente de 1992 y exsenador colorado Hugo Estigarribia Gutiérrez, sostuvo que el proyecto de ley que pretende “regular” la difusión de encuestas electorales, con censura a los medios de comunicación e incluso a las redes sociales de la ciudadanía, no se enmarca en la Constitución Nacional (ver la infografía).
Recalcó que la Carta Magna en su artículo 26, que garantiza el derecho a la libre expresión, señala que el Congreso no podrá dictar ninguna ley que la imposibilite o la restrinja. “El proyecto de ley estudiado contradice este artículo al imposibilitar y restringir la libre expresión y de pensamiento y opinión”, señala.
En un mensaje al Congreso, e incluso al Poder Ejecutivo, sostuvo que la normativa “debería ser rechazada por ser notoriamente inconstitucional”. En un dictamen jurídico solicitado por la empresaria Ati Snead, Estigarribia Gutiérrez señala que, además, el proyecto es “inútil” porque con seguridad será impugnado por los eventuales afectados y dejará de tener efecto.
Agregó que con la intervención de la Corte Suprema, el Poder Legislativo volverá a quedar con una imagen negativa. La cuestionada normativa debía ser revisada por la Cámara de Diputados en su sesión del miércoles último, pero los legisladores dejaron el tema al final del orden del día. Pero la reunión quedó sin quorum por un escándalo de “votos fantasma” entre los diputados presentes. Ante la falta de tratamiento, el proyecto tuvo sanción ficta ayer y ahora la decisión final queda en manos del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien debe decidir su promulgación o veto.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón, anticipó que Mario Abdo vetaría el proyecto de ley. Pero hasta ayer no llegó la propuesta legislativa al Palacio de López.
Puntos cuestionados
La ley prohíbe difundir encuestas 15 días antes de las elecciones y divulgar boca de urnas todo el día de los comicios. Fija multas de hasta G. 422 millones que irán a parar al aporte estatal de partidos políticos. Convierte a la Justicia Electoral en una “policía de encuestas” y prohíbe a medios de prensa y ciudadanos en general desde sus redes sociales hacer encuestas sin mensajes que digan que no tiene valor.