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Corbeta, juez penal de garantías, ordenó que la audiencia se haga el 24 de octubre, a las 9:00, pero anunció que si esta se extendiera, no será interrumpida. La diligencia se hará de una sola vez, por más que dure uno o dos días, según había adelantado el magistrado.
En este caso, el suboficial Gustavo Florentín está acusado por la Fiscalía de ser presuntamente el que disparó con una escopeta a Quintana y de cuya consecuencia murió en uno de los pasillos de la sede del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El Ministerio Público pidió juicio oral al procesado. También están implicados el suboficial Arnaldo Báez y el comisario Tomás Paredes Palma.
Intento de violación constitucional
El asesinato de Quintana se produjo durante las protestas ciudadanas por el intento del cartismo y aliados políticos de incluir en la Constitución la figura de la reelección presidencial mediante una enmienda, algo que se consideró una violación de la ley fundamental.
La Policía, en un hecho inédito hasta en los tiempos de la dictadura stronista, ingresó sin orden judicial al local del Directorio del PLRA y disparó al joven dirigente liberal. Este ni siquiera pudo ser auxiliado porque los policías no lo permitieron, y terminó muriendo en el lugar.
La muerte del político opositor hizo que el cartismo fuera acorralado por todos los sectores, incluida la Iglesia Católica, que condenaban su pretensión, y finalmente renunció a la idea de la enmienda.
Las circunstancias en que se dio el asesinato de Quintana y por la participación de policías, el hecho fue considerado como un crimen de Estado.
Además, varios exponentes cercanos al entonces presidente Horacio Cartes, que pretendía tentar otro periodo de gobierno mediante la habilitación de la reelección, se vieron involucrados en el caso, algo descubierto en el cruzamiento de llamados telefónicos realizado.