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El reporte de CGR señala que entre los años 2014 y 2015 la Municipalidad de Atyrá suscribió tres contratos con el ingeniero Walter Santo Báez, adjudicados en forma directa por un monto de G. 132.000.000 cada uno, totalizando G. 396.000.000, para la “coordinación, planificación, elaboración y evaluación de las documentaciones para el reordenamiento catastral de los inmuebles de la zona urbana del distrito de Atyrá”. Todos los contratos fueron pagados íntegramente. Una parte de los pagos correspondientes se realizó con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), sin tener relación alguna con los conceptos en que puedan utilizarse esos fondos.
Expresa que del análisis técnico de los documentos proveídos por la propia Comuna, realizado por los auditores, estos indicaron que los aparentes trabajos que se mencionan fueron realizados antes de la fecha de los contratos, y básicamente los tres informes tienen el mismo contenido, con algunas variantes en el mes de enero de 2015.
Además, el equipo auditor manifestó que en ninguna de las tres actividades se tuvo certeza técnica de los trabajos realizados. Concluye que los supuestos trabajos realizados “no tendrían valor económico alguno”.
En síntesis, la Municipalidad de Atyrá ha pagado por supuestos trabajos que debieron realizarse en el marco de los tres contratos, trabajos que ni siquiera estaban bien especificados en los mismos, la suma de G. 396.000.000, monto que constituiría el presunto perjuicio patrimonial, “ya que no se tienen productos que demuestren que hayan aportado al fortalecimiento catastral” en los periodos contratados.