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“Aquí no se firma planilla. Aquí se respeta la Constitución Nacional y se trabaja”, refiere un afiche que hizo circular a través de su perfil en Facebook.
“Nos parece una violación terrible, intentar imponer una reelección, violando la Constitución”, dijo Martínez, quien es sindicalista y funcionaria desde hace 20 años en el ente, contó.
“Es nuestra postura, que sepan que estamos absolutamente en contra de este tipo de prácticas, que es como si estuviésemos otra vez en la época de la dictadura”, remarcó, en su perfil de Facebook.
Martínez calificó de “desleal” al presidente Cartes, por “utilizar el aparato del Estado, para recolectar firmas, eso no se hace”. La denuncia de la sindicalista de la ANDE, se suma a varias quejas expresadas por funcionarios del Estado, entre ellos del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) recibieron presiones de sus jefes para que firmen las planillas pro reelección con la amenaza de que no serán recontratados. Este tipo de situaciones suscitaron críticas en las redes sociales.
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Funcionarios públicos en todo el país están obligados a firmar las planillas de apoyo a la enmienda que busca modificar la Constitución Nacional, bajo la figura de iniciativa popular, que permitirá habilitar la reelección (rekutu) del presidente Horacio Cartes, en el 2018.
El cartismo necesita reunir como mínimo 30.000 firmas certificadas para presentar el proyecto al Congreso. A pesar de que el oficialismo pretenda revestir de cariz popular el planteamiento de introducir la reelección por vía de la enmienda constitucional, el proyecto es una abierta violación de la Carta Magna.
Llamativamente, miércoles pasado el titular de la Función Pública, Humberto Peralta, primero declaró a los medios que instaba denunciar la presión y luego dijo que está permitido y que es una “iniciativa popular”. Peralta primeramente afirmó que las planillas para recolectar firmas pro reelección no deberían estar en instituciones públicas, pero luego la institución emitió un presuroso comunicado para contradecirse.