Cargando...
El 23 de agosto de 2006, la asesoría jurídica de la Dirección General de los Registros Públicos emitió dictamen sobre la finca 1057 de San Rafael del Paraná.
El relatorio firmado por la Abog. Stella Maris González no deja dudas de las graves irregularidades que giran en torno al supuesto título de propiedad de la finca 1057.
En su informe transcribe un dictamen del Servicio Nacional de Catastro: “La irregularidad que se denuncia es de proporciones incalculables por las sucesivas ventas y el uso de certificados catastrales falsificados” (negritas son nuestras).
El documento tiene fecha 23 de abril de 1999, momento en que el Servicio Nacional de Catastro notificó a la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, que el título de la finca 1057 es falso.
El informe advierte de “irregularidad de proporciones incalculables” ante las sucesivas ventas, sumadas al uso de certificados catastrales falsificados.
¿De dónde viene el título de la finca 1057?
En el año 1997, el señor Alberto Sotomayor se presentó como comprador de la finca 1025 de Jesús y Trinidad, según escritura pública firmada por la escribana Marta Vicencini. El contrato de compra-venta señala que la firma Sipag SA Argentina vende a Alberto Sotomayor un “resto de la propiedad que pudiera existir del deslinde original”.
El documento que transcribe la escribana Vicencini deja constancia de que Sotomayor debe localizar un “resto de propiedad” y que Sipag SA Argentina no se hace responsable de que realmente existiera un sobrante que pudiera ser entregado en posesión.
Sotomayor compró un pedazo de tierra de cuya existencia no existía confirmación. Al ser un “resto”, tampoco se determinó en el documento la superficie que pudiera tener.
Sipag SA Argentina expresó que no asumía responsabilidad alguna de que realmente pudiera existir un sobrante.
La escribana Vicencini tuvo a su cargo la elaboración de la escritura pública de un deslinde perimetral que se practicó por mensura privada de donde al final surgió la superficie de cinco mil hectáreas.
Sipag SA Argentina vendió un “resto” de nada menos que cinco mil hectáreas; claro, esta superficie en realidad surgió de una mensura privada.
Pago de deudas a Bipsa con título falso
El 19 de febrero de 1999, nuevamente la escribana Marta Vicencini inscribe un contrato de compraventa: Alberto Sotomayor vende la finca 1057 a Lucía Ofelia Medina Báez.
En ese momento, dada la realización de una mensura privada, la finca 1057 ya disponía de una superficie de cinco mil hectáreas; Alberto Sotomayor compró un “resto” y se convirtió en propietario de un latifundio.
El 20 de octubre de 2000 aparece en escena el Banco de Inversiones del Paraguay SA en liquidación: Lucía Ofelia Medina Báez transfirió la finca 1057 a favor del banco en quiebra, en ese momento representado por el liquidador Óscar Bernardo Guillén Cáceres.
El documento elaborado por la escribana María Julia Rivarola Caglia deja constancia de que Lucía Ofelia Medina Báez entrega la propiedad de la finca 1057 para cubrir la deuda de un total de 23 morosos.
La señora Ofelia no tenía deudas con Bipsa en liquidación, pero acepta entregar cinco mil hectáreas para blanquear la deuda que mantenían 23 ciudadanos con el banco en quiebra.
En el recuadro superior incluimos el listado de deudores que se salvaron de cubrir sus préstamos gracias a un título falso.
Obviamente, también la señora Ofelia salió ganando: Bipsa transfirió a su nombre una propiedad ubicada en Ciudad del Este y cedió derechos sobre mil millones de guaraníes en depósitos en el Banco Unión SA, también en quiebra.
El Poder Judicial es responsable de las estafas que surgieron con un título de propiedad falso; ninguna de las advertencias del Servicio Nacional de Catastro fueron tomadas en cuenta y una sucesión de jueces fueron legitimando una supuesta finca que en realidad no existe en el terreno.
La mafia judicial permite que propietarios con títulos verdaderos hoy vivan con temor a un desalojo, bajo amenaza de extorsionadores.
roque@abc.com.py