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El titular del organismo autónomo afirmó que hay mucho por hacer en materia de prevención de la tortura y cumplimiento de derechos de personas en situación de encierro en Paraguay. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (DD.HH.), el 10 de diciembre pasado, señaló que en Paraguay aún existe una gran brecha entre lo ratificado en los acuerdos internacionales y lo establecido en la legislación nacional y la realidad concreta de las personas institucionalizadas.
Hizo un llamado de atención sobre la situación de mujeres privadas de libertad, muchas de las cuales se encuentran recluidas en pabellones de penitenciarías de varones, sitios que no reúnen requisitos básicos para responder a sus necesidades específicas.
También refirió a la situación de personas con discapacidad física que se encuentran en las penitenciarías. La mayoría de las instituciones de reclusión carece de adaptaciones arquitectónicas, al igual que de medios como sillas de ruedas y las pésimas condiciones generales en que se encuentran las personas privadas de libertad, añadió.
El hacinamiento crítico que existe en la mayoría de las penitenciarías, agravadas por las pésimas condiciones generales de reclusión, persisten como un factor sumamente preocupante, más aún teniendo en cuenta el abuso de las medidas de prisión preventiva en que incurren muchos juzgados, lo que aumenta injustificadamente la población penitenciaria, expresó.
“En general, el sistema penitenciario está lejos de cumplir el ideal de apuntar a la reinserción de las personas infractoras”, puntualizó.
Apuntó que las violaciones de DD.HH. durante la detención en dependencias policiales, sigue siendo una constante, aunque reconoció importantes avances desde la Policía Nacional para subsanar toda una cultura de autoritarismo heredada de la dictadura stronista (1954-1989).
También manifestó la aprehensión de adolescentes sin orden judicial, maltrato hacia grupos como las personas GLTBI y la criminalización de sectores sociales en situación de marginalización económica y social, y el uso abusivo de la fuerza. Son aún elementos persistentes en la práctica de una gran parte del personal policial.
El citado mecanismo consideró imprescindible insistir en la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte del país.
Indicó que el funcionamiento de la FTC se basa en el ejercicio de facultades extraordinarias, estableciéndose una suerte de estado de excepción de hecho, con el agravante que carece de límite temporal.
Recuerda que el propio subcomité de ONU para la Prevención de la Tortura había reclamado al Estado paraguayo sobre eso.
Lejos de su cumplimiento
“Los prolongados períodos de institucionalización de niños, niñas y adolescentes, así como el alto número de adolescentes en conflicto con la ley que afirman haber sido víctimas de torturas y malos tratos, nos muestran a todas luces que el Estado está lejos de cumplir lo establecido en la legislación nacional y la normativa internacional en la materia”, expresa el documento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).