El comienzo del final

Todo el mundo sabía que Alfredo Stroessner -refugiado ahora en el Brasil- ordenó la clausura de ABC Color, pero para no dejar rastro ante la historia encomendó a su ministro del Interior, Sabino A. Montanaro -refugiado hoy en Honduras- dictar una resolución. Previamente dispuso que la Junta de Gobierno del Partido Colorado convalidara su decisión, para evitar probables disidencias en su entorno y en las bases políticas.

El régimen imperante en el Paraguay era de terror y de absoluta decadencia moral. Las órdenes del general Stroessner eran inobjetables y quienes se atrevían a desobedecerlas pasaban a formar parte de la triste lista de represión en sus diversas versiones: exilio, confinamiento, tortura, desaparición, calabozo, etc.
En los últimos años del régimen, la persecución se volvió más selectiva y creativa. De los procedimientos más violentos se "evolucionó" hacia métodos más persuasivos. La clausura era una decisión demasiado grave para mediados de la década del ochenta como para que la dictadura echara mano a ella de buenas a primeras.

Por eso decidió hostigar primero a los periodistas (apresamientos y confinamientos), luego a la empresa en la captación de los avisos (nada de avisos estatales), en la compra de insumos (fueron eliminados todos los incentivos legales), en la distribución del diario (detención de camiones durante horas y finalmente durante el día) hasta llegar a la detención del director.

Pero la comunidad internacional estaba evolucionando hacia una apertura política que alentó el retorno de los exiliados, además de alentar una participación más activa de la ciudadanía en su manifestación contra la dictadura. La clausura de ABC Color se convirtió en una bandera de lucha de todos los sectores, pero el dictador no estaba dispuesto a ceder ese punto y prefirió caer sin ordenar su reapertura.


JUSTICIA DOMESTICADA

Demás está decir que durante todo su gobierno el Poder Judicial no era sino un vil instrumento para justificar sus tropelías. Los jueces, el fiscal general, Clotildo Giménez Cabral, y la Corte Suprema, presidida entonces por Luis María Argaña, ajustaron sus actos a las arbitrariedades cometidas por el gobierno para darle el sello legal que necesitaba para fingir la vigencia de un estado de derecho.

Al acto de clausura precedió toda una campaña de hostigamiento de la maquinaria propagandística del régimen que tenía en el diario Patria (del Partido Colorado) y en la Voz del Coloradismo (cadena obligatoria de radioemisoras) a sus principales instrumentos, bajo la conducción de Ezequiel González Alsina, Alejandro Cáceres Almada, entre otros.

A través de estos medios, se llegó a amenazar a ABC Color -días antes de su clausura- con reducirlo a escombros con batallones de asalto del partido, y hecha la denuncia correspondiente a la justicia, el juez Edmundo Vitone entendió que se trató de una broma política, por lo que rechazó la demanda. Sin embargo, los batallones de asalto existieron y se dedicaron no solamente a asaltar medios, como el caso de Ñandutí, sino también hospitales y asambleas estudiantiles.