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El proyecto de ley, presentado por el diputado del Partido Encuentro Nacional (PEN) Hugo Rubín, fue aprobado el 18 de diciembre de 2013, pero volverá a la Cámara Baja debido a que el Senado aprobó ayer con modificaciones la propuesta original.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador liberal Julio César Franco, consideró importante el proyecto de ley y necesario para la seguridad nacional. Admitió que es perfectible, pero reveló que varios de los miembros de Constitucionales coincidieron en que es necesario poner en vigencia una ley de este estilo y mejorarla con el tiempo.
El Senado aprobó las modificaciones presentadas por Enrique Bacchetta (ANR), atendiendo que la Comisión de Legislación, que preside, no llegó a tratar esta propuesta legislativa.
Entre las modificaciones incorporadas se destacan la exclusión del Ministerio Público, las comisiones de Defensa de Senadores y Diputados y de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de los organismos integrantes del sistema nacional de inteligencia.
Además, se aclara que el consejo nacional, como órgano colegiado, con carácter consultivo y deliberante, estará encargado de orientar las actividades de los órganos competentes del sistema.
Funciones
Las funciones de la secretaría nacional de inteligencia serán recolectar y procesar información de todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República.
Además, según el proyecto, elaborará informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se remitirán al Ejecutivo y a los ministerios u organismos que este determine.
Lógicamente la secretaría debe tener un secretario nacional, que elaborará un plan anual de inteligencia, convocará al consejo, presidirá las reuniones y solicitará la asistencia de los funcionarios del Estado.
Finalmente, en la Cámara de Senadores se aprobó otra modificación, que consiste en que el juez podrá o no ordenar, por resolución fundada, la realización de procedimientos.