El pago de subsidio asegura impunidad a ministros de TSJE

El TSJE ignorará las exigencias de la Ley de Financiamiento Político y repartirá millonarios subsidios estatales a partidos, pese a no rendir cuentas en forma correcta. Esta generosidad busca impunidad en el tribunal electoral en medio de graves irregularidades.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard (ANR), había anunciado que no serán rigurosos en el cumplimiento de la Ley 4743/12 de Financiamiento Político. Este aviso surge llamativamente cuando Bestard y los demás miembros del TSJE: el imputado Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (independiente), admitieron ante la Fiscalía que “devolvieron” millonarios viáticos cobrados irregularmente por viajes que nunca realizaron.

Aunque de esta manera se autoinculparon en la comisión del referido hecho punible, el Ministerio Público tiene el caso totalmente cajoneado.

Justifica

Aunque el deber de Bestard es obligar a los partidos a cumplir la Ley de Financiamiento Político, este salió en su defensa y argumentó “falta de tiempo” para que estas agrupaciones puedan cumplir con los requisitos establecidos.

Dicho anuncio tranquilizó a las agrupaciones políticas que están expectantes de cobrar G. 20.000 millones que el Estado les subsidiará por las elecciones municipales de noviembre de 2015.

Sin embargo, la Contraloría General de la República realizó múltiples observaciones a las rendiciones de cuentas de varias agrupaciones con representación parlamentaria.

Tanto al PLRA como a Unace se les requirió el detalle de quiénes fueron las personas que compraron sus bonos de campaña. Ninguna cumplió cabalmente con la ley. Los liberales remitieron una nómina de quiénes retiraron los bonos pero no detalló en manos de quiénes cayeron. Mientras que el Unace ni siquiera acercó su lista. El contralor general de la República, Roy Rodgers, deslindó responsabilidad sobre la aprobación.

Lo cierto es que mientras la Fiscalía mantiene una investigación cajoneada contra los tres ministros del TSJE por cobro irregular de viáticos (además de la imputación aparte de Ramírez Zambonini por un caso de planilleros), en el Congreso no existe debate alguno sobre la remoción de los funcionarios por la vía del juicio político. La Justicia Electoral mantiene más de 7.000 funcionarios, en su mayoría cupos del prebendarismo.

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