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LA PAZ (EFE). El Gobierno de Bolivia propuso al exministro de Obras Públicas José Antonio Kinn y al minero Reynaldo Llanque como sus nuevos embajadores en Brasil y Paraguay, respectivamente, decisión que deberá ser avalada por el Senado boliviano.
Kinn y Llanque se presentaron este jueves último en la Cámara Alta boliviana para una entrevista con los integrantes de la Comisión de Política Internacional, que deberá aprobar o rechazar las designaciones.
En una sesión reservada, Llanque expuso a los senadores su plan de trabajo y les presentó los documentos que acreditan que no tiene pendientes con la Justicia boliviana, mientras que la entrevista de Kinn fue diferida para la primera semana de abril, explicó a EFE una fuente del Legislativo.
Llanque representa al distrito minero de Huanuni, en Oruro (oeste), administrado por el Estado, y fue asambleísta departamental en esa región andina.
El Senado boliviano, que está controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), debe aprobar las designaciones. Si es así, el exministro Kinn asumirá como embajador en Brasil en reemplazo de Jerjes Justiniano Talavera, quien ejerció el cargo entre agosto de 2012 y febrero de 2015.
Entretanto, Llanque sustituirá al nativo ayoreo Rosendo Alpiri Nominé, que representó a Bolivia en Paraguay entre noviembre de 2014 y agosto último, cuando renunció al cargo tras haber sido citado su nombre dentro de una investigación por supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas.
Tras su entrevista en el Senado, Llanque manifestó que su trabajo diplomático se centrará en velar por los derechos humanos de los bolivianos residentes en Paraguay, según la agencia estatal boliviana ABI.
El caso de Rosendo Alpiri
El embajador boliviano en el Paraguay, Rosendo Alpiri, presentó su renuncia en agosto pasado después de que una investigación detectara un presunto daño económico a su Estado, en el manejo de fondos para proyectos indígenas provenientes del Fondo para el Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc). Los datos refieren que el “presunto daño económico” por proyectos “fantasmas” implicaría un monto equivalente a 14,6 millones de dólares. Según la emisora boliviana Erbol, Alpiri era responsable legal de un proyecto de capacitación a indígenas, para el que se hizo un desembolso de 91.000 dólares.