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En la ciudad de Mendoza, Argentina, el 29 de junio del 2012, en la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur, los entonces presidentes Dilma Rousseff (Brasil); Cristina Fernández viuda de Kirchner (Argentina); y José Mujica (Uruguay), asestaron un duro golpe contra el bloque, al suspender al Paraguay el derecho a participar de los órganos de dicha unión y de las deliberaciones. La causal invocada fue la supuesta “ruptura del orden democrático” en nuestro país, por la destitución del entonces presidente Fernando Lugo (21 de junio del 2012) vía juicio político del Congreso.
En otra declaración, los citados presidentes decidieron el ilegal ingreso de Venezuela al Mercosur, país donde no impera (hasta la actualidad) la democracia y solo regía la voluntad omnipotente del entonces presidente Hugo Chávez (fallecido).
La decisión del Mercosur, dictada en Mendoza en forma de Declaración, expresó aquella vez “su más enérgica condena por la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay, por no haberse respetado el debido proceso”, en el juicio político al destituido expresidente Lugo, y le suspendió, de forma inmediata, del derecho de participar en los órganos de administración y los demás foros del Mercosur, así como de todas las reuniones. La suspensión se extendió hasta las elecciones generales de abril de 2013.
La decisión contradijo el espíritu del Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991, y el Protocolo de Ushuaia I sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscrito el 24 de julio de 1998.
La resolución dictada por el Consejo del Mercado Común, integrado por los cancilleres de los Estados Parte y sin la presencia del Paraguay, violó el Tratado de Asunción.
La Declaración también violentó el Tratado de Asunción, porque no ha sido tomada por consenso y con la presencia de los cuatro Estados Parte. También negó a Paraguay el derecho a la defensa, que conduce a la nulidad del acto que luego precipitó el ingreso ilegal de Venezuela al bloque, sin la aprobación del Congreso paraguayo. Finalmente, el presidente Horacio Cartes “blanqueó” a Venezuela en diciembre del 2013 y el país caribeño tuvo el acuerdo del Parlamento de nuestro país.