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El proyecto de ley volverá al Senado y lo más probable es que se trate en diciembre, luego de seguir su trámite por las comisiones.
Cuando en mayo de 2015 el Senado modificó el proyecto de Ley de impuesto inmobiliario, estableciendo que el Congreso sea el que establezca el sistema de valorización fiscal de los inmuebles rurales y urbanos, y no más el Ejecutivo a través de sus decretos, la mayoría tenían los del G-15 más la multibancada opositora (integrada por el Frente Guasu, PDP, el liberal Carlos Amarilla y el Encuentro Nacional).
El proyecto de ley regresa al Senado en un tablero político distinto porque el G-15 se redujo a G-11, con lo cual esta alianza perdió la mayoría en el Senado. Los 11 colorados disidentes más los 10 de la multibancada opositora suman 21 votos y les faltan dos para tener mayoría simple (23 votos).
La postura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, es que se mantenga la potestad del Ejecutivo de establecer por decreto la valoración fiscal como cada año. Esa solicitud le había hecho a Diputados, cámara que apoyó la potestad del Ejecutivo y rechazó la modificación del Senado.
En la Cámara Alta, los cartistas colorados tienen ocho votos más los dos de Unace. Necesitan 13 votos más, que podrían ser: la totalidad de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, que posee 12 votos más uno al menos de Avanza País, de los dos integrantes que posee esta bancada opositora.
Proyecto de ley
En mayo pasado la Comisión de Legislación, a cargo del colorado del G-11 Enrique Bacchetta, propuso a la plenaria modificar el Art. 60 y establecer que el Congreso sea el que fije en el Presupuesto General de la Nación, anualmente, el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales determinado por Catastro. Técnicos del sector apuntan que si se vuelve un acto legislativo, se corre el riesgo de que los valores de inmuebles sean modificados de acuerdo con los intereses de los parlamentarios o políticos.
Iniciativa del Ejecutivo
La iniciativa de modificar el impuesto inmobiliario surgió del Ejecutivo en setiembre de 2014. Según el entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas, el objetivo es corregir distorsiones en cuanto al valor fiscal de las propiedades urbanas y rurales, estableciendo un nuevo régimen de impuesto inmobiliario y potenciar la capacidad de recaudación de municipalidades. Dijo que el proyecto abarca tierras urbanas, rurales y grado de la tasa básica sobre valor fiscal. “Se actualizan valores en cuanto al valor agronómico de las propiedades”, señaló.