El eterno negocio de empresas de seguridad con nuevo protagonista

La Copaco SA adjudicó a la firma Tapiti SRL, vinculada al excomandante de la Policía Viviano Machado, una licitación de US$ 2 millones por el servicio de seguridad. En el pliego establece que la firma debe contar con un campo de tiro; sin embargo, la adjudicada no cuenta con este requisito y usufructúa en forma gratuita las instalaciones de la FOPE. El presidente del ente dice que primó la oferta más baja.

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El 31 de octubre pasado, la Copaco SA presidida por Rogelio Benítez comunicó que la firma Tapiti SRL, propiedad de la familia Machado, se adjudicó por valor de US$ 2 millones la mayoría de los lotes para el Servicio de Seguridad de Vigilancia en varios edificios y centrales de la compañía, en la capital e interior del país.

Benítez explicó que la firma adjudicada fue la que presentó la oferta más baja. Sin embargo, obviaron disposiciones que establece el pliego de bases y condiciones.

Por ejemplo, en un artículo se señala que la firma debe contar con un campo de tiro y/o adiestramiento para el personal de seguridad, lo cual se debe demostrar con la presentación de los documentos que acrediten que la empresa cuenta con un campo propio y/o con un contrato de alquiler del mismo, hecho que no fue demostrado por Taipiti SRL.

La empresa vinculada al excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado solo presentó un certificado emitido por la FOPE, en el que consta que los guardias privados de la empresa realizan su entrenamiento en las instalaciones de esa dependencia policial.

El comisario Abilio Lezcano, jefe de la FOPE consultado sobre el certificado emitido confirmó que desde abril de 2011, los guardias de Tapiti utilizan el polígono de tiro de su unidad para sus prácticas, y que no pagan ningún tipo de alquiler por el uso.

Vínculos

El comité evaluador de esta licitación, liderado por el director jurídico de Copaco, Roberto González, exministro del Interior y allegado a Machado, no tuvo en cuenta este incumplimiento del pliego para definir la adjudicación.

El titular del ente, Rogelio Benítez, dijo que durante su administración siempre va a primar, en las licitaciones, las ofertas más bajas y convenientes como ocurrió en este caso.

Agregó que históricamente en la Copaco, las licitaciones en este rubro eran para la empresa Doram, vinculada al exdiputado José Chamorro y que ahora si lo custionan usará como argumento que optó por la oferta más ventajosa.

Lo que declara en IPS

La firma Tapiti SRL tiene actualmente varios contratos adjudicados para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

Con la ANDE tiene un contrato de G. 22.000 millones; con el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, G. 1.003 millones; con el Ministerio Público, G. 1.796 millones y con el Ministerio de Hacienda, G. 704 millones.

En total esta empresa emplea más de 500 guardias de seguridad, según los contratos suscriptos con las citadas entidades estatales, distribuidos en horario diurno y nocturno, según la necesidad y los requerimientos de cada institución.

De acuerdo a las planillas de composición de precios presentados en las ofertas y que forman parte de los contratos suscriptos entre Tapiti y las citadas instituciones públicas, el salario propuesto por guardia en el turno diurno es de G. 2.487.358, y para los que prestan servicio en el turno nocturno G. 3.109.200.

Sin embargo, Tapiti SRL incurre en una gran evasión en cuanto a cargas sociales se refiere, puesto que solo declara el aporte obrero patronal por el salario mínimo vigente de G. 1.658.232 para la mayoría de los 588 funcionarios inscriptos en el seguro social, según la planilla de declaración jurada de salarios presentada en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El incumplimiento de las leyes laborales, precisiones etc., según la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación señala que será causal de rescisión del contrato. Ante esta situación, los demás oferentes anunciaron que esta semana presentarán una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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