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El problema del hacinamiento de las principales penitenciarías del país se debe, por un lado, a la dilación de la justicia para resolver los casos y también a la falta de inversión del Estado en los nuevos centros penitenciarios.
Pero el mayor problema es la falta de una política integral de reinserción por parte del Estado. Una vez ingresados, si no tienen recursos económicos para pagar a un abogado, son olvidados, abandonados a su suerte.
Un detalle alarmante de la situación. De 9.300 internos en todo el país solo 900 tienen condena (9,6%). Se les mantiene a todos dentro de un mismo lugar, donde deben convivir con los que cometieron diferentes delitos. Inclusive con personas que padecen de enfermedades infecciosas. Solo algunos reciben instrucciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) para aprender algún oficio como electricidad, albañilería, carpintería, etc. Pero no están obligados a participar.
En el caso de los menores de Itauguá solo unos pocos concurren a la escuela y se preocupan en aprender algún oficio. No están obligados.
El Estado debería contar con un programa que les permita aprender oficios y contar con un trabajo posteriormente. Solo así podrán reinsertarse y no volver a infringir las leyes.
Las principales penitenciarías del país son las peores. Por ejemplo, el penal de mayores Tacumbú y el de mujeres, El Buen Pastor. Ambos están soportando más del doble de su capacidad estructural. Lo mismo ocurre con el penal de mayores de Ciudad del Este y el de menores de Itauguá.
No tienen ni las más mínimas condiciones de higiene, a merced de cualquier enfermedad infecciosa o producto del encierro. En el caso de Tacumbú, por ejemplo, unos 500 viven a la intemperie.
El Ministerio del Justicia y Trabajo (MJT) pese a haber recibido del Poder Judicial, desde el 2008, un promedio de G. 20.000 millones por año, no invirtió en el mantenimiento ni en la construcción de nuevas penitenciarías, por lo menos para permitir que el infractor viva en condiciones menos miserables, como hoy día ocurre.
La citada cartera al menos incluyó en el presupuesto 2014 la construcción de dos nuevas penitenciarías, una en Ciudad del Este y otra en Emboscada.
Esperamos que el próximo año los recursos provenientes del Poder Judicial sean invertidos realmente en obras y planes que permitan la recuperación integral de los infractores.
pguerrero@abc.com.py
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